Rueda de prensa con la familia Kiessling en junio de 2017 | Foto: CABILDO DE GRAN CANARIA

6 de julio de 2018
Loro Parque culpa a San Bartolomé de dilatar los plazos en el Siam Park de El Veril

Jaime Rodríguez, responsable de los servicios jurídicos de Loro Parque, afirma que llevan esperando la licencia desde hace tres años.

A Rodríguez le sorprende que una persona "preparada y formada" como el  alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, diga "cosas que no tienen ningún sentido". Asegura que lo que reprocha el alcalde a Loro Parque son situaciones "que ya están resueltas desde el inicio". Así, recuerda que el suelo adquirido por Loro Parque no era rústico, sino urbanizado no sectorizado y fue el propio Ayuntamiento el que recomendó la adquisición de ese suelo "y lo compramos de la mano del Ayuntamiento y del Cabildo, cuando gobernaba José Miguel Bravo de Laguna". Por tanto, no se trata de un "cacho de terreno", porque está dentro de la zona turística de Playa del Inglés.

Desmiente también que los terrenos no sean propiedad de Loro Parque, porque ese terreno tenía un único titular, la familia del Castillo: "Antes de cerrar la compraventa, el Cabildo nos expuso que había terrenos de dominio público hidráulico. El propietario del terreno es Loro Parque, pero hay una cesión de terreno de dominio público, que es la parte que puede ser anegada por la lluvia". A partir de ahí, señala que corresponde al Cabildo hacer la canalización del barranco para evitar que todo el terreno se anegue, pero la empresa pidió al Consejo Insular de Aguas el permiso para hacer la canalización con una inversión de dos millones, lo que demuestra, a su juicio, que "no se trata de una concesión gratuita". Liquidado el dominio público, pidieron la licencia de obras al Ayuntamiento..

Rodríguez reconoce que la administración otorga una serie de derechos a cambio de unas contraprestaciones, y señala que una vez que el Ayuntamiento lo apruebe "procedemos al pago de aproximadamente dos millones y medios". El abogado afirma que son muy respetuosos con la legalidad, "y exigimos que los demás lo sean". A este respecto, dice que la licencia tras un proyecto de ordenación se debe conceder en el plazo de un mes y que el concesionario debe ejecutar las obras en un plazo breve: "Nosotros queremos cumplir". El abogado apunta que el Ayuntamiento "no tiene interés o no tiene sensibilidad" y lamenta tener que acudir "a lo que no querríamos acudir, que es la vía judicial, lo que supondría eternizar el proyecto".

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