30 de octubre de 2017
Ninguna explotación agrícola canaria se ha acogido al registro de titularidad compartida

Ninguna explotación agrícola canaria se ha acogido al registro que permite inscribir a los dos cónyuges como titulares.

El registro de titularidad compartida en explotaciones agrícolas permite que en cualquier explotación no solo figure el nombre del hombre, lo cual es la norma, sino también el de sus respectivas parejas. Se trata de un registro que solo tiene efectos administrativos y fiscales, pero no afecta a la propiedad jurídica de la explotación ni de los bienes.

Actualmente, un 70% de las explotaciones son propiedad de los hombres. Lo que pretende la ley es “un cambio de modelo” porque “lo que no puede ser es que las mujeres que llevan toda la vida trabajando no tengan derecho a nada”. La ley permite además que las mujeres que puedan demostrar el haber trabajado con su pareja, puedan reclamar a una contraprestación económica llegado el momento de la separación o la viudedad.

Para González, responsable de proyectos del área social de la Asociación de Desarrollo Rural de La Palma, la ley que impulsa este registro “no ha tenido el resultado que se pretendía, porque los beneficios que ofrece no son demasiado atractivos”. Así, la ley permite la bonificación del 30% de la seguridad social, “a la que ya te puedes acoger por ser cónyuge del titular”. Asimismo, contempla el derecho al reparto beneficios, el acceso a una pensión contributiva, una mayor puntuación en subvenciones, hasta un punto, y la consideración de explotación prioritaria, que supone hasta diez puntos en la baremación de las subvenciones.

Ante el escaso efecto de estos estímulos, la  Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias han tomado la iniciativa de estudiar cómo hacer más atractiva la ley, debatiéndola con los representantes del sector. Para González, los agricultores demandan una mayor bonificación de la seguridad social “porque a muchas explotaciones se le hacen imposible pagar dos cuotas”. Asimismo, son partidarios de proponer al Ministerio de Agricultura el incremento de los porcentajes de bonificación y la incentivación de la profesionalización de los jóvenes agricultores.

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