Isabel Guerra (NC) | Foto: EL ESPEJO CANARIO

10 de noviembre de 2017
Guerra afirma que la investigación a Aguas de Teror demuestra la gravedad detectada en la auditoría

La concejal de Nueva Canarias y ex alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, afirma que la investigación que lleva a cabo la Fiscalía demuestra la gravedad de las irregularidades detectadas en la auditoría que ella encargó.

La Fiscalía de Las Palmas ha abierto una investigación contra los responsables de la gestión de Aguas de Teror por posible administración desleal y fraude fiscal. Esta investigación responde a la auditoría encargada por Guerra durante su mandato en la alcaldía: “Queríamos hacer una auditoría por saber a dónde habíamos llegado y dónde estaban las cosas” y es a través de esta auditoría “como la UDEF detecta irregularidades y de ahí pasa a la Fiscalía para que se investigue”.

Las diligencias previas de la Fiscalía se dirigen al actual alcalde, Gonzalo Rosario, y a los ex alcaldes Isabel Guerra y Juan de Dios Ramos, así como al primer teniente de alcalde, José Luis Báez, al gerente de la empresa Alexis Gómez y a los secretarios de Aguas de Teror y del Ayuntamiento, Sergio Ramírez y Rafael Lezcano.

Guerra recuerda que la cesaron de Aguas de Teror, siendo alcaldesa, cuando pidió por escrito el resultado de la auditoría, “y consta en el acta que me cesa por ese motivo”. Según la edil, los gestores de Aguas de Teror conocen los resultados de la auditoría desde el año pasado y “lo ideal hubiese sido que, si hay irregularidades con Hacienda, nos pongamos de acuerdo con Hacienda y liquidar lo que haya que liquidar”. Pero no se hizo eso pues, según guerra, “El señor Báez, sabiendo los datos de la auditoría, lo tapó”.

Todo el capital de Aguas de Teror es municipal y es una de las pocas empresas públicas que da beneficios, hasta alcanzar un beneficio neto de 3,5 millones del que, al parecer, “no se hacen las deducciones a Hacienda que tienen que hacerse.

Guerra señala que pidió la auditoría porque “siempre ha existido la nebulosa de que se contrata de manera directa, más bien por el enchufe, y que había sobresueldos por parte de los miembros del consejo de administración”. Recuerda, y así lo dijo a la Fiscalía, que miembros del actual consejo y del anterior estaban pendientes de un juicio por apropiación indebida y delito societario: “Es una de las cosas que sorprendió al fiscal”. La ex alcaldesa recuerda que los estatutos no permitían cobrar por pertenecer al consejo de administración, “aunque después lo reformaron”. Afirma que llegaron a cobrar más de 800.000 euros.

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