1 de diciembre de 2017
José Alberto Díaz (CC): "No hay un ‘caso Grúas’, sino un interés partidista de la oposición".

Por su interés informativo, reponemos la entrevista que el pasado 18 de mayo hicimos al alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Sánchez, a propósito del llamado ‘caso Grúas’.

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna opina que la ciudad tiene una oposición que no está a su altura y justifica el ‘rescate’ a la empresa concesionaria por el interés general de seguir contando con ese servicio

“En La Laguna tenemos una oposición que no está a la altura de lo que la ciudad necesita, que sería una crítica razonada, una fiscalización inteligente y con alternativas verosímiles”, ha dicho en La entrevista del día de El Espejo Canario el alcalde de Coalición Canaria (CC) José Alberto Díaz para quien, más bien, se maneja con “malas mañas, postureo y cinismo”. Tras estos calificativos, Díaz ironizó con que, probablemente, “los de Unidos Podemos” (UP) le pidan otra comparecencia en pleno para explicarlos. La tensa relación entre el alcalde y la oposición se remonta en el tiempo «por muchos motivos y escándalos», en palabras de Javier Abreu, concejal socialista del sector crítico que abandera la necesidad de presentar una moción de censura para descabalgar a CC del Ayuntamiento a pesar de que la gestora de su partido, inmerso en sus propios líos internos y en primarias, tampoco le presta el apoyo explícito que demanda para registrarla formalmente.

Díaz, que contrapone a este ‘juego de tronos’ el entusiasmo por “seguir proyectando un municipio con la potencia y belleza de La Laguna” y se declara profesionalmente “especialista en resolver conflictos”, explicó que en el caso Grúas por el que ha sido denunciado junto al presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, por Unid@s Se Puede y Por Tenerife - Nueva Canarias (XTF-NC), no rescindió el contrato a la empresa ganadora del concurso para prestar ese servicio porque “no teníamos quejas de los ciudadanos, porque no desatiende la llamada de la Policía cuando tienen que retirar vehículos, porque es un servicio de interés público y porque la cuantía que se le paga se ha reducido drásticamente”, a pesar de que la concesionaria ha sido acusada de no funcionar bien, no pagar a los trabajadores o estar incapacitada para cumplir los servicios estipulados en el concurso.

Ante la mala situación económico-financiera de la empresa concesionaria, “a la que, por la crisis, se le rebajó el contrato de 800.000 a 200.000 euros”, el entonces concejal del área y ahora alcalde acordó en Pleno “intervenir, para garantizar el servicio público, en una doble vertiente: verificando primero si ha habido una buena gestión” del dinero público y, en segundo lugar, “en cuánto consistía el desequilibrio” que le afectaba por la reducción de tarifas. De no haber intervenido, dijo, la empresa corría un riesgo de quiebra que dejaría desatendido el municipio y decidió “defender el interés general” de contar con ese tipo de “servicio público”, negando que fuera un rescate empresarial.

Tras la intervención del servicio, la empresa continúa haciéndose cargo de los trabajadores mientras que el Ayuntamiento tiene “dos funcionarios que se hacen cargo del estudio económico y de gestión del servicio”, quienes recomendaron “anticipar un pago de 30.000 euros” para garantizar la prórroga de la contratación y “conceder un préstamo de unos 300.000 euros hasta ese momento de prórroga para garantizar la continuidad del servicio”, que se le descuenta mensualmente de los pagos contratados. La oposición ha calificado estas operaciones de malversación de fondos, favoritismo y amiguismo.

Sin embargo, Díaz justifica tal ‘rescate’ en que, de no hacerlo así, el Ayuntamiento tendría que haber contratado y pagado otra prestación de servicio mientras seguía pagando a aquella porque aún le restaban 15 años de concesión. Por ello piensa que no hay un caso Grúas, sino un interés político y partidista de la oposición.

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