María de la Salud Gil, presidenta de la AECP | Foto: EL ESPEJO CANARIO

10 de enero de 2018
Salud Gil: “Los 22.000 parados de la construcción no están cualificados”

La presidenta de los constructores de Las Palmas, María de la Salud Gil, lamenta que los 22.000 parados canarios del sector no estén cualificados y que se hayan perdido años en dotarlos de esa formación.

Gil señala que el sector tiene problemas para encontrar personas, a pesar del número de parados, por la falta de cualificación, lo que obliga a plantearse “volver a traerlos de afuera”. Se trata, afirma, de un paro “estructural” que  solo puede resolverse por la vía de la recualificación. En ese sentido, han pedido al Gobierno canario “que nos permita evaluar sus conocimientos, certificarlos y formar a los trabajadores”. El sector reclama un tipo de trabajador polivalente, con más habilidades que el trabajador de la construcción tradicional y lamenta que se hayan perdido los años de la crisis para lograr esa recualificación.

Esta mano de obra es indispensable en un momento en que el sector comienza a mejorar tras los años de crisis. Recuerda que en el año 2010 cayó la actividad en un 93% debido a la falta de inversión pública, que no comenzó a remontar hasta el año 2015, dando paso a un período de “inestabilidad”. Para salvar esta situación, Gil considera imprescindible que en el año 2018 se duplique la inversión pública.

Reconoce que, en estos momentos, el movimiento en el sector de la vivienda se debe a la venta del activo en manos del capital riesgo, “no es nueva producción”. La nueva producción de vivienda se orienta hacia “el nuevo nicho de negocio del alquiler vacacional”. Para solventar las dificultades que el alquiler vacacional está creando en el parque de viviendas para el alquiler convencional, Gil apunta a la necesidad de que el Gobierno introduzca en el mercado “otro tipo de viviendas que equilibre el mercado”. Así, los promotores privados podrían tener la posibilidad de adquirir suelo de la administración o de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos), “y que se construya para alquiler sin necesidad de que la vivienda sea protegida”.

Sentencia del Supremo

Respecto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a Canarias el derecho a recibir las prestaciones del convenio de carreteras, Gil considera que el siguiente paso es pedir la ejecución de la sentencia “e intentar llegar a acuerdos”.

Estima que esta sentencia da “un gran fortaleza a los acuerdos interadministrativos” aunque teme que “pueda inhibir al Gobierno de España ante una nueva negociación y eso ralentice el nuevo convenio de carreteras”.

A esto hay que sumar, apunta, la “inestabilidad y agitación política”, lo que puede sugerir al Gobierno central “una estrategia que dilate en el tiempo esta negociación”. Para la representante de los empresarios, es fundamental que las  negociaciones de Canarias no se aborden en el “totum revolutum” de la financiación autonómica, pues “tenemos que reivindicar nuestras especificidades. La singularidad no es negociable, es un derecho”.

A este respecto, considera que “todos tenemos que dar la cara y exigir lo que es exigible”. Por ese motivo invita a todas las fuerzas parlamentarias a “apoyar, porque nos estamos jugando el futuro”. Se trata, afirma, “de una oportunidad que no podemos perder por nuestra capacidad de negociación actual”.

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