5 de marzo de 2018
«El fiasco del ‘caso Faycan’»

Ortega, preparándole el terreno al “Mesías”

Mi teoría ya la conocen ustedes. En 2005 Juan Fernando López Aguilar, ministro socialista de Justicia en el gabinete Zapatero, pone en marcha las fiscalías anticorrupción por medio país. En la provincia de Las Palmas el ex ministro echa el resto y pone a un protegido suyo, Luis del Río, número 40 en el escalafón. En Tenerife gana la plaza María Farnés, una profesional íntegra al margen de presiones políticas.

En enero de ese mismo año llega a las Islas Narciso Ortega, comisario jefe de Especialidad en la policía de Zaragoza, en calidad de máximo responsable de la policía nacional en Canarias. Es un hombre de confianza del Partido Socialista, concretamente del clan Rubalcaba, el cual sería ministro del Interior un año más tarde. Ortega llega con un objetivo: “investigar” con Luis del Río distintos casos de corrupción en el Archipiélago, sobre todo casos que pusieran en duda la honorabilidad del PP en Gran Canaria, y de CC en Tenerife. Todo ello para lograr lo imposible en las elecciones de 2007: coronar al “Mesías”, o sea: a Juan Fernando López Aguilar presidente de la autonomía.

Ortega no dudó en instante en utilizar los recursos del Estado para lograr su misión. Uno de sus principales colaboradores, investigador al principio del caso Faycan, me lo contó entre la discreción de una cena montada en la clandestinidad por un amigo común.

Me están retirando del caso, me dijo. Y me retiran porque veo cosas que no son de recibo, no son legales. No hay pruebas pero las buscan y las manipulan. Hay detenciones que no se sostienen en pie. Los policías los eligen a dedo. No vale cualquiera; si el policía pregunta o pone objeciones a ese le apartan; si se calla y colabora entonces no hay problema… Los jueces, como comprenderás, preguntan, pero ellos no tienen demasiado tiempo para realizar una investigación por su cuenta. Llega la policía, o la guardia civil, les presentan unas grabaciones previamente elegidas, sin contexto ni nada que se le parezca, y el juez está vendido. Hacen lo que Ortega quiere. Los va dirigiendo hacia el sitio que quiere.

Entre 2004 y 2007 dirigí este mismo programa en CanariasAhora, radio que fundamos Caco Henriquez y yo. Todo lo que tenía que ver con las detenciones de los casos Faycan, Eólico y Góndola, era sumamente raro. Desde dentro conocíamos parte de lo que iba a pasar. Una mañana me la pasé retransmitiendo en directo las ocho detenciones de otros tantos concejales de Telde. Era increíble. Nos daban la hora exacta y se cumplía. Estaba muy mosqueado. Fue en esa época cuando tuve la cena clandestina con el número dos de Ortega. Me abrió los ojos. Empecé a pensar que muchos de los nombres de los detenidos habían partido de aquella casa en la que el director era Carlos Sosa. Y era lógico: él había llevado la campaña de 2000 de López Aguilar y ahora estaba velando por su futuro.

Parecía una locura pero el paso del tiempo ha desvelado los múltiples encuentros de Sosa con Ortega y el conocimiento casi absoluto de lo que se estaba investigando, en tiempo real, por parte de policía y guardia civil. Sosa sopló unos cuantos nombres de los detenidos, ya no hay duda.

 

Las ´rebajas’ del fiscal

El caso Faycan, iniciado en marzo de 2006, llegó a tener cerca de cien detenidos y más de cincuenta imputaciones. López Aguilar lo comparó con “un pequeño Gürtel”. Otros miraron hacia Marbella para encontrar una simetría entre los robos de Jesús Gil y los del PP de Telde.

Aquello funcionaba así. Las fuerzas del orden detenían a primeras horas de la mañana con la mayor publicidad posible. Cuando el policía tocaba la puerta detrás de él estaban colocadas varias cámaras de televisión, y varios periodistas pendientes del menor detalle. Las imágenes se iban distribuyendo entre las distintas redacciones. A los periódicos, o los periodistas con cierto nombre, les llamaban directamente desde Fiscalía, cuando no el propio Narciso Ortega. Les explicaban con detenimiento por qué habían sido detenidos. Eran culpables, sin duda, habían aparecido sus nombres en la célebre libreta de Toñi Torres y, además, por si fuera poco, les habían localizado dinero en paraísos fiscales y existían, además, múltiples grabaciones (pinchazos) que corroboraban que eran claramente unos delincuentes.

Nadie dudada. ¿Por qué si todo esto te lo decía un fiscal o el jefe de la policía? ¿Cómo van a mentir los principales representantes de la ley? De modo que esa “información” se traducía en abrir los periódicos a cinco columnas al día siguiente y tratar a los denunciados, o detenidos, como verdaderos golfos, corruptos, e indignos, a los que les venía estupendamente una temporada en la cárcel, incluso que fueran detenidos -como sucedió- delante de sus hijos o de sus mujeres.

Ni la menor duda. La verdad de la Fiscalía y de Ortega era una verdad absoluta. En ese periodo tuve varias entrevistas con distintos policías que habían estado en aquellas “investigaciones” sobre la corrupción. Ya tenía un mapa bastante científico de lo que estaba ocurriendo. Cuando me topé con el caso Unión en 2014, fruto de un pacto entre socialistas conejeros con Rubalcaba, todo me resultó sorprendentemente familiar. La instrucción del juez Pamparacuatro y del fiscal Stampa es demoledora para la propia justicia, pero todos sus vicios ya estaban en las otras instrucciones de Faycan, Eólico, y Góndola.

Sólo así puede explicarse la actuación del fiscal Luis del Río en el asunto. El caso de corrupción más importante sucedido en Canarias, como pregonaron los que le compraron “su instrucción”. El caso arrancó en el tribunal como una causa que iba a desarrollarse durante cinco meses rabiosos. Con 29 encartados a los que la Fiscalía les pedía 134 años de cárcel, 178 años de inhabilitación, y casi 7 millones de euros de multa.

Un mes y medio después de haber comenzado el juicio la misma Fiscalía ha iniciado un periodo de “rebajas”. Y ha pasado de pedir 134 años de cárcel a 32, con el agravante de que ninguno de los condenados irá a prisión puesto que no tienen antecedentes. Las multas quedan reducidas a una cantidad inferior a los 100.000 euros, a repartir entre 29 personas. Y el juicio está a punto de concluir, completamente desinflado.

¿Cómo puede suceder esto si tantos periódicos, distintos medios de comunicación, la Fiscalía y la Justicia en general, pregonaron a los cuatro vientos que el caso Faycán era el de mayor corrupción detectado en la provincia oriental de Canarias?... Pues sucede porque hemos sido víctimas de un engaño político de proporciones gigantescas. Sucede porque la investigación no se hizo de forma profesional. Y sucede porque lo único que interesaba era “asesinar” la imagen de aquel PP de cara a las elecciones de 2007. Cuando se produjo la ola de detenciones el trabajo ya estaba hecho. Juan Fernando López Aguilar obtuvo 26 parlamentarios y no fue presidente por su falta de empatía con el mundo en general.

Ahora Luis del Rio empieza a pactar condenas a cambio de no ir a la cárcel con los imputados del caso Eólico. También aquí hay inocentes dispuestos a pactar una condena después de doce años de sufrimientos y de haberse topado con una justicia que en ningún momento les escuchó.

El caso Faycan aún nos reserva una sorpresa. Ninguno de los dos ex alcaldes, Paco Valido y Mari Carmen Castellanos, han aceptado el trato de Luis del Río. Se consideran inocentes del todo y quieren una sentencia que deje clara su actuación. Son unos valientes. Creo en su inocencia, como en la de la mayoría de los “condenados”, de la misma forma que creo que en Telde operaba una organización política mafiosa que cobraba porcentajes por construir en ese municipio.

Todo ello debe demostrarse en un estado de derecho, con pruebas sólidas logradas de forma concienzuda, y no partir de presunciones, pareceres, y del deseo nauseabundo de hacer justicia por tu cuenta hundiéndole la vida a quienes son inocentes. Toda esa sinvergonzonería no tiene arreglo a estas alturas. Algunos quedan retratados para los restos pero no es suficiente. Hay un silencio elocuente en medio de tanta “rebaja”.

Por supuesto: que nadie espere la merecida y necesaria investigación sobre esa Fiscalía y su capacidad colosal para meter la pata en unos cuantos charcos.

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