La portavoz de la plataforma, Eugenia Paiz, afirma que se dan casos de amenazas con castigos hacia personas con discapacidad intelectual.
Eugenia Paiz afirma que, en los últimos meses, se viene vulnerando de forma reiterada los derechos de los menores con discapacidad intelectual internados en centros privados y dependientes de cabildos y ayuntamientos de Canarias.
Recuerda que durante el confinamiento y los primeros estadíos de la desescalada, los padres y madres de los menores fueron muy celosos del cumplimiento de las medidas sanitarias que se impusieron, pero, cuando ya han pasado muchos meses, continúan esperando que se cumpla la orden del Gobierno de Canarias, que permite los paseos de los menores con sus familias.
Violencia institucional
Sin embargo, señala Paiz, en las residencias que gestionan empresas con Clece, los menores permanecen encerrados, sin poder realizar estos paseos, salvo en el caso de que sean acompañados por un vigilante de seguridad. Asegura que cuando las familias se niegan a ser acompañadas por un vigilante, se les amenaza con encerrar a los jóvenes en una habitación durante 14 días: “Si eso no es violencia institucional…”.
Una nueva orden
La plataforma ha mantenido reuniones con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y la consejera de Asuntos Sociales, Noemí Santana, para buscar una solución de futuro y a Paiz le consta que se está trabajando en una nueva orden que espera que se publique lo antes posible.
No obstante, Paiz denuncia la incomprensión de algunos políticos, como la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma, donde gobiernan PP-PSOE, que carece de capacidad ejecutiva “porque se somete a la empresa privada, sin obligarla a cumplir la orden”.