Comentario inicial de Francisco J. Chavanel. Interviene Daniel Reyes, consejero de Ciuca, quien recalca que si la corporación no actúa, habrá que pagar a los propietarios.
El grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha acabado por admitir la nulidad del expediente por el que procedía a la compra de terrenos en la zona de Amurga, alguno de los cuales eran propiedad de familiares del vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguaz.
Reyes señala que esta declaración obedece al hecho de que la próxima semana comienzan a declarar los testigos en el caso abierto en la jurisdicción contencioso-administrativa: “Se sienten acorralados por el procedimiento judicial y siempre es preferible adelantarse y declararla nula”.
A este respecto, afirma que, siendo consejero del Cabildo, Angel Victor Torres, se equivocó al afirmar que no era necesario revisar de oficio el expediente, “lo que nos obligaron a poner una demanda”.
Responsabilidad penal
Considera que, no obstante la declaración de nulidad, el proceso judicial servirá para ver el informe negativo de la compra directa, que el juez ha obligado a incluir en el procedimiento. Asimismo, no descarta la repercusión penal del caso, algo que habrá que dirimir cuando se sustancia el proceso contencioso-administrativo. En cualquier caso, recuerda que si no se anula el acuerdo con los propietarios, los contribuyentes tendrán que abonar la indemnización.