Su alcalde, Airam Puerta, lamenta la "falta de diálogo" entre administraciones, que dificulta la recuperación de los 238 millones de euros.
El municipio tinerfeño de Güímar busca vías para evitar que prescriba el expediente por el que los condenados por el caso de las extracciones ilegales del valle deben reponer 238 millones para la restauración medioambiental de los daños.
El alcalde, Airam Puerta, indica que en el día de hoy ha tenido conocimiento, por el diario El Día, que la Consejería de Industria del Gobierno canario se ha dirigido a la Audiencia Provincial para que la restauración contemplada en la sentencia se sustituya por la indemnización de los daños y perjuicios, pues no existe amparo legal para poder ordenar y restaurar ese ámbito. El alcalde echa de menos el “diálogo” entre administraciones y lamenta tener que enterarse por la prensa de estas actuaciones.
Asimismo, señala que es posible que la prescripción civil no sea posible después de una sentencia penal.