Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, recalca que la pandemia ha puesto de relieve que la desprotección no depende solo del nivel de renta.
El real decreto que prepara el Gobierno central sobre la figura del consumidor vulnerable impondrá nuevas obligaciones a las empresas y también a todo el sector público, según indica la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea.
La titular del departamento recalca que la importancia del real decreto radica en la fijación del mismo concepto de consumidor vulnerable, una figura que venía recogida de forma dispersa en distinta normativa y que ahora adquiere estabilidad y sistematización en una norma general y horizontal, “generando una protección básica de aplicación en todas las comunidades autónomas”. La caracterización de vulnerabilidad incluye aspectos como la edad, el nivel educativo, el nivel de renta e, incluso, situaciones como la de aquellas personas que son alérgicas: “Se trata de establecer un cuidado especial para garantizar los derechos de esas personas”.
Medialdea recalca que, en determinadas situaciones, cualquier persona puede ser vulnerable: “La pandemia ha puesto de relieve que no siempre es el nivel de renta”.
El real decreto modifica la Ley de Consumo, generando nuevas obligaciones para las empresas, que tienen que brindar los apoyos necesarios, en forma de asesoramiento o facilidad de las vías para reclamar. También genera obligaciones a las administraciones y empresas públicas.
Protección de los menores
Un caso especial de protección la merecen los menores, como en el caso de la publicidad que se dirige a ellos: “La publicidad debe velar por los mensajes que se envían, porque tiene una eficacia extraordinaria para moldear las actitudes. Por tanto debe estar especialmente protegida y cuidada”. Pero también debe estarlo, considera, el área de la alimentación infantil, porque es especialmente sensible cuando los menores no están en condiciones de tomar las propias decisiones al respecto.