El consejero de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo de Gran Canaria calcula que solo supondría un descenso de ingresos de 150 millones de euros.
El consejero de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, elevará al pleno de la corporación insular una moción para instar al Gobierno canario a que apruebe la exención del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para empresas y establecimientos turísticos de las islas.
Un “atajo” para tiempos de crisis
A juicio de Bravo de Laguna, se trata de gastar el dinero que llega de fondos nacionales y europeos de la manera “más eficaz y rápida posible” para evitar el cierre de diez empresas al día. Por eso propone el “atajo” de esta exención durante un año, lo que supondría una disminución de los ingresos de 50 millones en las islas capitalinas y unos veinticinco millones en Lanzarote y Fuerteventura, sumando un total de 150 millones.
Señala que no se trata de quitarle dinero a los ayuntamientos, sino de implementar una medida directa que se puede articular mediante decreto ley: “Se trataría de una ayuda más”.