La magistrada de la sala de lo social del TSJC y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, defiende la eficacia de programas como los de Rocío Carrasco para visibilizar malos tratos que pueden pasar desapercibidos.
Gloria Poyatos, magistrada de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, afirma que la justicia “tiene género” y ese género es “el masculino”, porque “quienes han esculpido el sistema jurídico han sido hombres”.
Afirma que para combatir ese sesgo, hoy ya está normativizado integrar en la interpretación del derecho la perspectiva de género, necesaria para “sensibilizar a las personas en qué consiste interpretar con perspectiva de género, para evitar que una interpretación mecánica del derecho cree desigualdades para las mujeres”.
Afirma que sin esta perspectiva, se pueden producir casos de violencia institucional por parte de los poderes públicos, como en el caso de Ángela González, una mujer que puso más de 50 denuncias alertado de la agresividad de su esposo y que acabó asesinada por éste. Este caso supuso una condena para el Estado español por una falta de tutela “motivada por estereotipos de género”. La magistrada recuerda que, sin embargo, la formación en género no es obligatoria en la judicatura española, a diferencia de Argentina: “Así tenemos un Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional, que son quienes esculpen la doctrina y la jurisprudencia, y cuyos componentes no están obligados a formarse en género”.
Caso de Rocío Carrasco
La Asociación de Mujeres Juezas ha participado en la elaboración de podcast en los que se visibilizan otras formas de violencia de género, como el de las mujeres de estrato social alto. Con él se quiere mostrar, afirma Poyatos, que “las víctimas no tienen una cara sino tantas caras como mujeres existen”. Señala que hay muchos factores que influyen en las mujeres para que no denuncien los casos de malos tratos, como el miedo a quedarse solas, a perder los hijos, a su propia vida, a que no les hagan caso, a la presión familiar “o la culpabilización que naturaliza esa situación de maltrato, llegando a justificarlas”.
Menciona el caso de Rocío Carrasco, del que si bien desconoce los pormenores del asunto, sirve para visibilizar estos casos a través de canales de televisión de alto impacto. Particularmente le parece importante resaltar las otras modalidades de violencia que son previas y estadíos previos a violencias más graves: “Eso es siempre positivo”.
Ley de Libertad Sexual
Poyatos defiende la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual que elabora el Gobierno español. La considera necesaria para que las violencias históricas y endémicas tengan un tratamiento transversal “que impacte en toda la normativa”.
Destaca que uno de los aspectos que más debate ha generado es el del consentimiento explícito. Recuerda que existen “leyes no escritas” que influyen sobre las personas y, también sobre los jueces, y estas leyes son “los prejuicios de género”. Asegura que lo importante es evitar una interpretación extensiva del consentimiento, como en los casos que se argumenta que llevar lencería roja se interpreta como consentimiento: “Es necesario un análisis contextual, que la mujer no haga nada no significa que acepte. No existe tal cosa como el consentimiento tácito”. Considera que “para nada” se pone en riesgo la presunción de inocencia, pero ese derecho “no puede hacer palidecer el resto de los derechos fundamentales”.
Destaca también la importancia de la distinción entre la agresión y el abuso sexual, que dependen del ejercicio de la violencia: “Los hombres son disciplinados para el control y las mujeres para la dependencia. En situación de pánico es más probable que un hombre reaccione con la violencia y la mujer con la sumisión”.
Sobre la prostitución, Poyatos señala que defienden que se penalice cualquier forma de explotación, pero cuando no existe explotación, piden que se afecte lo menos posible a las mujeres que quieran ejercer la prostitución libremente.