La portavoz de la formación en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, acusa a Román Rodríguez de congelar el mandato marco para tener a la televisión bajo su control.
La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, acusa al Gobierno canario de dejar 55 millones de euros sin control en la Radio Televisión Canaria (RTVC), dinero que, en su opinión, el Parlamento no tiene forma de fiscalizar.
Material “obsoleto”
Espino señala que en la última comisión de control del ente se puso de relieve el descontrol de ese dinero cuando preguntó al administrador único, Francisco Moreno, cuál sería el coste de la renovación del contrato que mantiene la Televisión Canaria con la empresa Videoreport, suministradora de los equipos para la realización de los servicios informativos.
La diputada señala que se trata de un material “obsoleto” que si bien el reciente decreto aprobado por el Gobierno de Canaria estima que se renueve por un período mínimo de tres meses, el propio Moreno ha reconocido que se tardaría un año y medio “para ponerlo todo en orden y que pudiera funcionar con normalidad”.
Los programas más caros de la historia
Afirma que este es uno más de los ejemplos de esos 55 millones que están sin control en el ente y al que se suma el caso de dos programas sobre los Premios Canarias cuyo coste ascendió a 149.000 euros, los más caros de la historia de la Televisión Canaria y que apenas alcanzaron un 2% del share. Estos contratos, señala Espino, fueron adjudicados “a dedo”.
“Caradura” del Gobierno canario
Espino denuncia, además, la “caradura” de que el decreto del Gobierno canario afirme que tiene que recurrir a esa vía legislativa porque el Parlamento canario no ha nombrado la junta de control ni aprobado el mandato marco de la Televisión, “cuando es el Gobierno quien lo ha impedido” por medio de Nueva Canarias y Unidas Podemos y, en concreto, afirma, por el vicepresidente canario, Román Rodríguez.
Señala que el decreto es “una chapuza” y que ha sido Rodríguez quien se ha empeñado en mantener la figura del administrador único cuando, a su juicio, se debió haber aprobado el mandato marco y nombrado un director general, “pero a ellos les interesa esa situación” para controlar el ente.