Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y del Círculo de Empresarios, exige contundencia, dentro de la "lealtad constitucional", para la defensa del REF.
Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, pide movilizar la sanidad privada para acelerar la campaña de vacunación tan pronto haya medicamentos disponibles.
Afirma que la única solución en este momento es agilizar “al máximo” la vacunación y el rastreo de las personas contagiadas y considera que el sector de la sanidad privada se puede sumar al sector público, “aunque no tenemos el número de vacunas apropiadas”. Afirma que sería deseable que hubiera más vacunas, pero reconoce que no hay indicadores de que eso pueda ocurrir a corto plazo.
Señala que aún no sabemos hasta dónde puede llegar la nueva ola de la covid-19, motivada por la cepa delta. No obstante, indica que las perspectivas “nos sitúan en unos parámetros muy preocupantes sobre la movilidad futura”. Asegura que la campaña turística de verano va a ser mala y que se sostendrá con el turista local, que hoy supone el 70% de todas las reservas: “Sería muy preocupante que la incertidumbre se trasladara al inicio de la temporada de invierno”.
Defender el REF dentro de la ley
En otro orden de cosas, Manrique de Lara considera “extremadamente grave” la modificación del Regimen Económico y Fiscal realizada por un decreto del Gobierno central a propósito de los límites a las bonificaciones a las producciones audiovisuales. Entiende que en esa actitud se aprecia “una falta de respeto a las normas básicas del Estado” y una “falta de sensibilidad” con la Comunidad canaria y en un sector, como el audiovisual, “que había generado expectativas para la diversificación de la economía canaria”.
Lamenta que, desde el Gobierno central, solo se atiendan las reclamaciones de las comunidades que “sacan los pies del plato”, y recuerda que Canarias “no es de esas comunidades”. Considera que se debe ser exigente en las demandas canarias, pero dentro de la “lealtad institucional” y el mantenimiento en el marco constitucional.