Julián Ayala, presidente de la asociación para la defensa de las pensiones públicas de Canarias, reclama que se encargue un informe sobre la situación actual de las instituciones.
La asociación para la defensa de las pensiones públicas de Canarias ha pedido al Gobierno regional y los cabildos, mayores medidas de control de las residencias de mayores del Archipiélago.
Su presidente, Julián Ayala, recuerda que fue la propia asociación en defensa de las pensiones la que realizó un informe que presentaron al Diputado del Común, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias. El único que se interesó por el tema fue el Diputado del Común, que les informó que ya estaba trabajando en un informe al respecto.
Fallar “por dejación”
Ayala recuerda que en Tenerife había 63 residencias de mayores y discapacitados y en Gran Canaria otras 38, pero el informe del Diputado del Común se ha elaborado con la inspección de 25, que siendo una muestra importante, no abarca la totalidad. Por ese motivo, se desconoce si la situación se sigue manteniendo, por lo que la asociación pide un nuevo informe exhaustivo que muestre la situación actual.
Considera que no es la sociedad, sino las instituciones encargadas, las que han fallado en este asunto, “y han fallado por dejación”.