La presidenta de la asociación de empresarios constructores y promotores de la provincia de Las Palmas defiende retirar las prestaciones por desempleo a los que no quieran trabajar.
La presidenta de la asociación de empresarios constructores y promotores de la provincia de Las Palmas (AECPLPA), María Salud Gil, afirma que la sociedad canaria no se puede permitir que una parte de la población “viva de las administraciones públicas” porque no quieran acceder a las ofertas de trabajo disponibles.
Asegura que en el sector de la construcción falta mano de obra. Recuerda que ya en la anterior crisis económica, en el año 2010, advirtieron al Servicio Canario de Empleo que era el momento de formar a las personas que se iban a necesitar diez años después, es decir hoy, “pero nos expulsaron de la formación”.
“Escarbar” sobre las razones por las que se rechazan empleos
Asegura que hoy hay más de 20.000 personas relacionadas con el sector de la construcción registradas en las oficinas del paro, y la asociación se ha ofrecido para certificar las capacidades de esos trabajadores. Asimismo, señala la necesidad de cribar la lista para observar quién dispone de capacidad para trabajar y, a partir de ahí, “a quien rechace el trabajo hay que quitarle las prestaciones”.
Es taxativa cuando señala que no se puede permitir que “una parte de la población se dedique a vivir de las administraciones públicas” por lo que llama a “escarbar” sobre las razones reales de por qué algunas personas no quieren trabajar.
Escasez de materias primas
Asimismo, Salud Gil llama la atención sobre la escasez de materias primas y el consecuente incremento de los precios, así como el acaparamiento de algunas de ellas. Esto hace necesaria, a su juicio, la revisión de las licitaciones y de los contratos en vigor por la posibilidad de que las primeras queden desiertas y las segundas no se puedan terminar. A esto se suma, indica, el incremento del precio de la mano de obra en un 24%, unido a otro tanto en el coste de los transportes.
Señala que, a nivel nacional, ya ha sido aceptada, por parte del Ministerio de Hacienda, la inclusión de cláusulas de revisión en los contratos públicos, y ahora falta que el Gobierno canario emita un informe favorable a que los contratos puedan ser revisados.
Cooperación público-privada
Indica que, además, la licitación pública es más baja en Canarias que en el conjunto de España y alerta de que “no nos podemos permitir el lujo de que el dinero que llegue de Europa no se ejecute”. En su opinión, es necesaria la cooperación público-privada y, a este respecto, ofrece la asociación como una oficina de gestión de vivienda.
Indica que actualmente en Canarias hay unos 30.000 pisos vacíos, “probablemente por miedo a la ocupación y a que se firmen contratos y no se paguen los alquileres porque la ley no protege a quien arrienda”.