El consejero de CC en el Cabildo de Lanzarote afirma que todo es demasiado "casual" como para creer que no hay intereses detrás de los asuntos que tiene pendiente en los juzgados.
El consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Pedro Sán Ginés, afirma que todos los casos que le imputa la justicia tienen un origen político, aunque con ello no quiere decir, en modo alguno, que los órganos judiciales estén involucrados en algún tipo de trama para dañar su imagen.
Afirma que el “asesinato de imagen” que se ha pretendido hacer con él viene de otras instancias, como de algunos medios de comunicación que han vertido “falsedades”, como que la UCO inspeccionó su despacho. Señala, además, la coincidencia de que la presidenta del Cabildo, la socialista Loli Corujo, afirmara días antes de la intervención policial que “algo importante iba a pasar”.
Sin relación con su vivienda
Afirma que no existe ninguna relación entre los emolumentos cobrados por el abogado Ignacio Calatayud y la adquisición de su vivienda, pues esta es anterior a que asumiera la presidencia y porque la decisión de que el abogado asumiera la defensa de Inalsa fue asumida por los administradores concursales y el consejo de administración.
Refiere que ostentando el PSOE la presidencia del Cabildo de Lanzarote, la justicia intervino Insalsa por la deuda de cincuenta millones de euros y tomó la decisión de apartar al consejo de administración y poner en su lugar a tres administradores concursales. Fueron estos administradores quienes optaron porque Calatayud defendiera los intereses de la compañía en los distintos contenciosos y que el letrado cobrara en función de las tablas del Colegio de Abogados. San Ginés recuerda que, además, todas las costas procesales fueron homologadas por el juzgado de lo mercantil. En total, Calatayud cobró 850.000 euros por su representación.
Insiste en que no existe ningún vínculo entre este dinero cobrado por el abogado y los fondos con los que adquirió su vivienda, dejando para “el momento oportuno” el detalle de cómo adquirió la propiedad.
Latido del interés político
Señala que en las otras causas abiertas contra su persona late también un interés político, como en la denuncia presentada por el consejero Juan Manuel Sosa por coacciones y amenazas que, señala San Ginés, “casualmente cae en el mismo juzgado”. Apunta que el consejero es el mismo que ha sido denunciado por Coalición Canaria por llevar dos años cobrando del Gobierno de Canarias sin que este dé explicación alguna.
Finalmente, respecto de la denuncia presentada por la hija del fallecido empresario Antonio González, por falso testimonio, San Ginés asegura que actúa siguiendo las órdenes del dirigente socialista Carlos Espino. Con respecto al fondo del caso, recuerda que el director económico y el consejero delegado de los Centros Turísticos de Lanzarote fueron los que hicieron las acusaciones, que él se limitó a suscribir. Cuando el juez archivó el caso, en el auto “ni se refiere a mi testificación, pero soy yo el único que aparece denunciado, lo cual revela la intención”.