Francisco J. Chavanel
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el Siam Park dice bien a las claras cuál ha sido el error cometido por el Cabildo de Gran Canaria para que una inversión de 150 millones de euros quede, de momento, condenada al fracaso. El Gobierno de Canarias puso en marcha en época de Fernando Clavijo como presidente un plan de Modernización para El Veril, que el Cabildo que encabeza Antonio Morales tenía que ejecutar. Simplemente se trataba de acompañar en la documentación solicitada un informe sobre los recurso hídricos de la zona, habida cuenta que el proyecto original contemplaba la posibilidad de que el parque temático fuese visitado por unas 500.000 personas al año.
Por razones que no han sido explicadas dicho informe no ha sido presentado por el Consejo Insular de Aguas. Ya, en el borde de la paranoia, hemos escuchado al presidente del Cabildo afirmar que dicho informe estaba implícito en la documentación presentada y que, además, lo habían acreditado “verbalmente” (sic). No sé si una versión excesiva del paletismo insular nos permite entender tales argumentos. En los órganos judiciales no cuenta ni lo implícito ni lo verbalizado. Si te piden un informe escrito eso es lo que tienes que presentar. Ignoro si tanto la sentencia del TSJC como la del Supremo inciden en lo mismo, cómo es posible que Morales y su equipo se hayan apuntado a brutos.
El Espejo se ha cansado de denunciar que este asunto iba camino del despeñamiento. La cabezonería de la familia Kiessling, padres del proyecto, por repetir su mecánica de trabajo de Tenerife en Gran Canaria es la madre de todas sus desgracias. En Tenerife han sido la ley. Les ha bastado hablar con Coalición Canaria para que todo saliera tal como había sido planificado. En Gran Canaria se pusieron en manos de Morales por consejos de interpuestos expertos de la vampirización, desconociendo que el presidente del Cabildo tiene tantos amigos como enemigos. Si era “su” proyecto, era igualmente el proyecto a derribar por parte de sus contrincantes.
Ese proyecto de Kiessling nunca fue algo fácil de apresar. Es asombroso cómo un empresario de su categoría compra una parcela en El Veril para compartirla con otro propietario: el Gobierno del Estado nada menos, la Hacienda pública. Hacienda tiene más del 60% de la propiedad y quiere, como es lógico, su parte. Aproximadamente unos 12 millones de euros. Los políticos de la época acompañaron a Kiessling a Madrid para tranquilizarlo. Fue todo un trampantojo. Hicieron el paripé y ahí se terminó todo. La Hacienda pública se comporta en la mayoría de los casos como un cocodrilo sin piedad alguna. Aquí también.
De entrada Kiessling se enfrentó a los siguientes pagos: obras para adecentar la zona, la compra del suelo, la canalización del barranco, la redacción de los proyectos, y un canon anual a pagar al Consejo Insular de Aguas de 35.000 euros al año (esto último parece una broma de mal gusto). La empresa afirma que ya han pagado 15 millones de euros desde que todo empezara en 2014. Aún tiene que pagar los aprovechamientos urbanísticas que le exige la normativa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (2,8 millones de euros), y la cifra comentada de Hacienda (12 millones de euros). Esto ya va por casi 30 millones de euros sin haberse movido una piedra.
La empresa se ha limitado a hacer aquello que le pedían, fiándose de supuestos políticos maduros, responsables, conocedores del terreno. Sencillamente les han engañado. Si alguno de ellos ha intentado financiarse electoralmente por apoyos que no llegaron que quede en su conciencia.
Conviene no olvidar que estamos ante una inversión de unos 150 millones de euros entre el parque acuático, que iba a ser el más importante de Europa, y un hotel de cinco estrellas.
Ahora el Cabildo, con la premura de su sentimiento de culpabilidad, le ofrece una solución rápida a Kiessling. Declarar el proyecto de interés insular. Que sepa el empresario que si entra en ese camino perderá más dinero, más tiempo, y terminará, probablemente, sin verlo. Si el proyecto es de “interés insular” otros parques de ocio de la zona pensarán que su negocio también merece igual interés, por lo que acudirán a los tribunales a defender su postura. Puede que no sean los únicos: propietarios de hoteles también pueden sentirse mal tratados. Están en su derecho de pensar que sus hoteles, los cuales esperan por su legalización desde hace muchos años, merecen una pronta solución por lo que podrían reclamar justicia en los tribunales.
El camino del “interés general” está lleno de celadas. Morales se ha dado urgencia para otorgarle una “salida” a Kiessling, el cual, probablemente, tendrá ganas de dejarlo todo al pairo si no fuera porque ya invirtió 15 millones de euros y es eso, justamente, lo que le detiene. Sin embargo “la solución” le obliga a pisar terreno pantanoso e inseguro. Mejor meditarlo. La salida puede conducirlo a otro callejón oscuro.
La otra solución es la más sencilla y las más lógica: volver a la casilla de inicio. Promulgar un nuevo Plan de Modernización y Mejora y hacer esta vez las cosas adecuadas a la ley.
Es canallesco pensar que la cabezonería de los principales protagonistas de esta historia se han cargado una de las iniciativas empresariales que más le convenían a Gran Canaria. Suponía un éxito seguro y una atracción magnífica para unos turistas que quieren cada vez más. Morales vuelve a demostrarnos que es un hacha de la propaganda y un necio en la acción ejecutiva. La imagen de la isla ha quedado tocada. Por unas razones o por otras el “nonismo” ha vuelto a imponerse.
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