Mari Brito, presidenta de la Fecam, afirma que se recurrirá a remanentes de tesorería y a superávit de años anteriores.
Los ayuntamientos canarios están revisando al alza los contratos de obra pública para evitar que se frene la licitación, según señala la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito.
Se trata, dice, de una situación “complicada” debido al incrementos de los precios y al retraso en la llegada de los suministros. Señala que, actualmente, queda en mano de cada ayuntamiento revisar esos precios, al amparo de decretos del Estado y de la Comunidad autónoma, que permiten un alza de hasta un 20% de expedientes en trámite y una revisión de los que aún no se han licitado.
Señala que se han reunido con las patronales de la construcción de las dos provincias que les han puesto de relieve las distintas dificultades, entre ellas la existencia de empresas que no pueden acceder a los concursos. Para hacer frente a esta eventualidad, los municipios podrán utilizar remanentes de tesorería y superávit de otros años. Brito estima que en 2023, e incluso en 2024, seguirán suspendidas las medidas fiscales que limitan los gastos.
Deudas de las corporaciones locales
Sobre las deudas de las corporaciones locales, en las que los más endeudados son el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Birto indica que la suspensión de la regla de gasto no quiere decir que se detenga la deuda, sino que se permite utilizar el dinero para necesidades extraordinarias.
Recuerda que los ayuntamientos no dispusieron de aportaciones extraordinarias para hacer frente a los gastos relacionados con la covid-19, como sí las tuvieron las comunidades autónomas.