Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife, señala que su principal reivindicación es la actualización de un Catálogo de Prestaciones y Servicios que se ha quedado obsoleto.
Entidades del tercer sector y colegios oficiales de Canarias han unido sus fuerzas para crear el Grupo de Defensa de Derechos Sociales de Canarias, espacio desde el que se trabajará por la defensa de los derechos sociales en las islas y sus fórmulas de gestión y cumplimiento. De esta forma, se construye un campo transversal unificado y fiscalizador de las políticas públicas y de los derechos de la ciudadanía canaria.
El grupo está conformado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Educación Social de Canarias, el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias (CERMI Canarias), la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade) y la Coordinadora de Acción Social de Canarias.
Catálogo de Prestaciones y Servicios
A través de Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife y del nuevo Grupo, el colectivo denuncia que el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Gobierno de Canarias no responde ni a las necesidades del pueblo canario ni al propio espíritu de la Ley de Servicios Sociales de las islas, un documento que, a pesar de las muchas reclamaciones al ejecutivo regional, este se ha resistido, hasta el momento, a abordar.
Plan estratégico y mapa de recursos
No obstante, se satisface de que las tres administraciones involucradas, Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos, se hayan avenido a sentarse para evaluar las alegaciones que se han planteado y elaborar un nuevo documento que podría estar culminado a finales de julio. Asimismo, Delgado señala la importancia de que se establezcan con claridad qué derechos puede reclamar la ciudadanía, así como la necesidad de desarrollar el plan estratégico y un mapa de recursos.