El presidente del grupo parlamentario nacionalista canario y secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria denuncia la deriva de un Gobierno preocupado por "luchas de poder".
El presidente del grupo parlamentario nacionalista canario y secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, afirma que su formación no es partidaria de una bajada generalizada de impuestos, pero sí de una reducción “selectiva” del IRPF y del IGIC que permita a la población más necesitada hacer frente al incremento de los precios.
Señala que, por el contrario, el Gobierno canario ha decidido “no hacer nada”, y solo por la presión electoral se ha avenido a estudiar el “retoque” de determinados impuestos, “pero podemos tener dudas porque quien lleva la Consejería de Hacienda está pendiente de otras cosas, como la de cómo presentarse a las elecciones”.
Problema reputacional de Nueva Canarias
A este respecto, afirma que Nueva Canarias sufre de un “problema reputacional” por no haber presentado sus cuentas durante años, “algo que no es serio”. Asegura que no se podrán presentar a las elecciones bajo esas siglas, salvo que se produzca la nulidad de la sentencia, cosa que cree poco probable.
Deudas en carreteras
Rodríguez es muy crítico con la actitud del Gobierno canario respecto de las deudas por los convenios de carreteras con el Gobierno central. Afirma que este litigio no se terminará hasta que no se refleje en un documento el pago de la sentencia del Tribunal Supremo.
Denuncia que el Gobierno canario lleva celebrando este acuerdo desde el comienzo del mandato, “pero nada es fehaciente hasta que no se pague”. A este respecto, recuerda que han anunciado que las cantidades adeudadas se abonarán entre 2027 y 2028, “algo inaceptable”.
Lo que no es en absoluto tolerable, indica Rodríguez, es que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, dé las gracias al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, “por cumplir con una decisión del Tribunal Supremo”. Además, apunta que el Gobierno de Canarias no se ha preocupado de reclamar los intereses desde la emisión de la sentencia.
Puerto de El Pajar
Igualmente crítico es Pablo Rodríguez con el anuncio del Gobierno canario de la ampliación de la concesión a la cementera del Puerto de El Pajar en San Bartolomé de Tirajana. Afirma que, por el momento, es un anuncio, y considera que la ejecución es muy difícil porque tiene “difícil encaje jurídico”.
Indica que se trata de regalar seis años de concesión a la cementera, algo que va en contra del Plan Insular de Ordenación. Lo considera un caso de “favoritismo” exclusivamente a una empresa, cuando otras, como en Pasito Blanco o en Puerto Rico, “llevan esperando por una renovación y se mantienen en precario”.
Menores inmigrantes
Pablo Rodríguez considera que no es ninguna solución aprobar una partida de cincuenta millones de euros, por parte del Gobierno central, para sufragar la atención a los menores inmigrantes.
Afirma que la cantidad sirve para “comprar el silencio de Torres” porque, a su juicio, se trata de ocultar que no van a distribuir a los menores a otras comunidades como se habían comprometido. Señala que la Comunidad canaria no tiene capacidad para gestionar este número de menores.
“Luchas por el poder”
Sobre la marcha del Gobierno, Rodríguez indica que lo que unió a los distintos partidos fue quitar del gobierno a Coalición Canaria, pero, a medida que pasa el tiempo, “se notan más las luchas de poder y por el control de los instrumentos”. Contrasta esta actitud con las dificultades de la ciudadanía para llegar a final de mes.