El empresario afirma que lleva cinco años viviendo un "calvario" al tener que seguir pagando a los trabajadores de un hotel que ya no gestiona.
El empresario Manuel Padrón, del grupo Juan Padrón, afirma sentirse “engañado” por la gestión del concurso del hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Señala que lleva cinco años viviendo un “calvario” por tener que abonar parte del salario de 27 de los trabajadores, a pesar de que ahora las instalaciones las gestiona el grupo Hoteles Barceló.
Contrato de arrendamiento
Recuerda que, desde 1987, el entonces alcalde capitalino Emilio Mayoral, venía intentando, sin éxito, sacar a concurso la explotación del hotel. Entonces se lo propuso al empresario Juan Padró, que, en 1997, decidió invertir en las instalaciones a través de un contrato de arrendamiento sin concurso.
A partir de esa fecha, el grupo Juan Padrón realizó todo tipo de inversiones en el hotel, mejorando todas las instalaciones y, al mismo tiempo, pagando una renta al Ayuntamiento que, en un primer momento fue de 600.000 euros y posteriormente subió a los 720.000. Se da la circunstancia, señala Manuel Padrón, que actualmente el Grupo Barceló paga 600.00 euros.
Alianza con el grupo Riu
Cuando se venció este contrato, la explotación del hotel tenía que salir a concurso público, algo de lo que era muy consciente el grupo Juan Padrón. Por ese motivo se pusieron en contacto con el grupo Riu Hotels y formaron una unión temporal de empresas para presentarse al concurso.
Manuel Padrón asegura que perdieron ese concurso injustamente, por lo que presentó un recurso ante el tribunal de contratos administrativos, pero no le hicieron caso. Ahora lleva cinco luchando con un caso que está recurrido ante el Tribunal Supremo.
Daño moral
Pero, aparte del daño económico que le ha supuesto la pérdida de la explotación del hotel, Manuel Padrón está muy molesto con lo que entiende como un agravio moral. Asegura que el mismo día que tenían que entregar las instalaciones, el 11 de noviembre de 2017, entró una veintena de personas del Grupo Barceló, incluyendo abogados.
Afirma que aquel día se sintió invadido por las objeciones que pusieron al inventario y, sobre todo, por discrepancias en cuanto a la remuneración del personal. Afirma que Barceló los presionó para que asumiera los gastos de los premios de jubilación por antigüedad de 27 empleados, que ascienden a 247.000 euros. Afirma que firmó “asqueado” por todo lo que estaba pasando y firmó ese acuerdo: “Me engañaron y fui coaccionado”.