El expresidente del Gobierno de Canarias indica que, en Derecho, los procedimientos son fundamentales, tanto para el Tribunal Constitucional como para las mayorías parlamentarias.
El expresidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, considera que en la actual situación de conflicto entre el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, “todos han metido la pata”; incluyendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Saavedra invita a leer el reciente artículo del jurista Tomás de la Quadra-Salcedo en el diario El País en el que pone de manifiesto que, en Derecho, los procedimientos son fundamentales, algo que se aplica tanto al bloqueo del PP en la renovación de los miembros del CGPJ, como en el procedimiento seguido por el Congreso para modificar el Código Penal y renovar a los miembros del Tribunal Constitucional.
Controlar la tramitación parlamentaria
Por otra parte, Saavedra considera que no es razonable que el Tribunal Constitucional pretenda controlar la tramitación de un proyecto de ley en curso, algo que hasta ahora nunca ha hecho. Entiende que el problema es la alta politización de los miembros del tribunal, así como de los miembros del CGPJ, y espera que impere la “sensatez” de sus miembros.
Importancia de los tiempos
Insiste en que en la actual coyuntura política, “todos han metido la pata”, incluyendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Saavedra indica que, en política, los tiempos son muy importantes y ahora no es el momento “de precipitarse con algunas leyes”, máxime cuando, a su juicio, no hay ninguna colaboración por parte de la oposición, lo cual califica de “lamentable”. Pone como ejemplo de precipitación la denominada Ley del Solo Sí es Sí, la cual entiende que adolece de un fallo técnico “porque no se ha consultado a los penalistas”. Considera que los jueces han actuado correctamente rebajando algunas condenas.
Parálisis inversora en La Palma
Saavedra, que reside de forma frecuente en la isla de La Palma, lamenta el parón que se está produciendo en las inversiones para recuperar la isla de los efectos de la erupción del volcán. Recuerda que el plan insular está anulado por el Tribunal Supremo y que no se han adoptado los decretos leyes que suspendan la aplicación de la Ley del Suelo o la Ley de las Islas Verdes. Afirma que hay dinero para invertir, pero no se pueden desembolsar debido a que los empresarios no saben en qué terrenos se pueden desarrollar los negocios.