Rubén Sánchez, secretario general de Facua, considera que la regulación no es lo suficientemente clara y entiende que será la Agencia de Protección de Datos la que tenga la última palabra.
Desde el pasado 29 de junio entró en vigor la prohibición, sin autorización expresa, de las llamadas comerciales conocidas como “llamadas spam”, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, señala que ya existía regulación sobre la materia, pero partía del presupuesto de que era el propio cliente el que tenía que solicitar que no se le llamara.
En España se denuncia poco
Ahora la ley exige la autorización expresa, pero, como señala Sánchez, la norma es ambigua, porque no aclara en qué consiste la autorización y no sabe si se podrán utilizar autorizaciones indirectas o las emitidas hace años para otras situaciones.
Recomienda que, en caso de recibir una llamada no autorizada, se ponga una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, una denuncia que no cuesta dinero: «Si miles de personas denuncian se acabará esta práctica». No obstante, es un tanto escéptico, porque «en España se denuncia poco, pero nos quejamos mucho».