→ «No dejo de dormir porque me llamen racista, porque he sido la persona más solidaria con la inmigración» → «Sánchez debería ser más empático en el problema de la inmigración de Canarias» → «Los alcaldes socialistas se quejan del problema migratorio, pero solo lo hacen en llamadas personales»
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, asegura que, en los últimos años, no ha muerto ningún inmigrante en las calles del municipio, por lo que entiende que el consistorio no tiene que correr con los gastos del sepelio de los que han fallecido en alta mar, cuya responsabilidad es del Estado.
Afirma que está «cansada» de encontrarse «sola» luchando contra un problema que, a su juicio, es del Gobierno central: «Todo tiene un límite, y mi tiempo es para los vecinos de Mogán, no para pelear por lo que debe defender el Gobierno de España».
El PSOE confunde a la población
Apunta que en la polémica por el enterramiento de los inmigrantes, el PSOE ha tratado de confundir a la población, pues si bien es verdad que una ley de 1974 obliga a los ayuntamientos a cubrir los enterramiento de las personas sin recursos que mueren en el municipio, no es menos cierto, dice, que los inmigrantes han muerto en alta mar, que es una competencia del Estado, y el vehículo que los ha rescatado y traído a puerto, de Salvamar, depende del Ministerio de Fomento.
«Lo seguiremos haciendo, pero no vamos a asumir los gastos»
Insiste en que en Mogán no ha fallecido ningún inmigrante, pero eso no significa que no hayan tenido que enterrar a muchos de los que han perdido la vida en alta mar «y lo seguiremos haciendo, pero no vamos a asumir los gastos». Señala que Mogán ha enterrado de forma directa a dieciséis inmigrantes, y otros veintiocho fueron pagados entre todos los ayuntamientos a través de la Fecam.
Apunta que ha llegado a recibir una llamada de un alto cargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que, en 2021, le alertó de su responsabilidad en el entierro de los inmigrantes. Afirma que se reunió con ese magistrado con los informes jurídicos pertinentes y le dieron la razón.
Un caso similar, señala la alcaldesa, se produce con la retirada de las embarcaciones en la que llegan los migrantes, que es competencia del Gobierno de España. Recuerda que demoler una embarcación cuesta hasta 2.000 euros y es algo que tiene que asumir Puertos de Canarias, sustrayendo esa cantidad de la partida para inversiones.
En cualquier caso, no va a dejar de dormir porque le llamen racista, porque considera que ha sido la persona «más solidaria con la inmigración, sin una llamada de la ONG, ni de nadie».
Falta de apoyo socialista
Lamenta que los diputados socialistas no le muestren al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la realidad de la crisis migratoria, y le aconsejen viajar a Canarias para algo más que disfrutar de las vacaciones.
Asimismo, señala que hay alcaldes socialistas, como el de La Restinga, que están «agobiados» y que no saben cómo solucionar la cuestión migratoria en sus municipios. Bueno indica que le gustaría ver a esos alcaldes socialitsa defendiendo juntos esta cuestión, «pero lo hacen a la callada».