→ La cadena hotelera se querella contra tres funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica. → «Si hoy no se alcanza un acuerdo en la comisión bilateral en Madrid, habrá que recurrir al Tribunal Constitucional»
La cadena hotelera RIU ha presentado una querella penal contra tres funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica por lo que entiende como decisiones arbitrarias respecto a los expedientes de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas en Fuerteventura.
«Basta ya» judicial
La responsable jurídica de la cadena, Águeda Borges, señala que esta acción penal supone un «basta ya» ante el cúmulo de arbitrariedades por parte de la Dirección General de Costas. Apunta que esta querella fue presentada hace ya tiempo y la novedad es que ha sido admitida a trámite, con un informe favorable de la fiscalía.
Por el momento, la querella se presenta contra los funcionarios que han estampado su firma en los distintos informes, pero Borges no descarta que, en el curso del recorrido judicial, pueda ampliarse a otras personas, incluyendo el director general de Costas, Higo Morán, o la ministra Teresa Ribera.
«Un látigo incesante»
Afirma que el recurso penal es la última instancia ante un Estado que actúa con «un látigo incesante» contra la cadena hotelera, que no puede renunciar a su derecho a defenderse con todos los medios a su disposición: «Es como el mito de Sísifo, en el que es imposible llevar la piedra a lo alto de la montaña».
Daños económicos
Borges lamenta, asimismo, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no le haya dado audiencia antes de dictar el auto que paraliza la licencia de obras, concedida por el Gobierno canario.
Señala que si se les hubiese escuchado, hubiesen demostrado que la suspensión cautelar supone importantes daños económicos para la cadena hotelera, pues ya tenían comprados los materiales para llevar a cabo la obra y aprobados los ERTE para sus trabajadores a partir del 16 de octubre.
Indica que, en estos momentos, están trabajando para revertir estos contratos y poder mantener el hotel abierto a partir del 16 de octubre. No obstante, recuerda que en la renovación del hotel estaba prevista la participación de hasta 1000 puestos de trabajo en la construcción, lo que supone un importante daño económico para la isla.
Última oportunidad
Sobre la reunión que mantienen hoy en Madrid el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, con la Dirección General de Costas, Borges entiende que esta reunión bilateral es la última oportunidad de llegar a un acuerdo sobre el traspaso completo de las competencias de costas. En caso de que no se alcance un acuerdo, estima que sería necesario recurrir de manera inmediata al Tribunal Constitucional.