Investigadores canarios y suecos analizan la prevalencia de la obesidad durante las crisis económicas

La obesidad es un problema para las administraciones públicas | Foto: ULL

La obesidad es un problema para las administraciones públicas | Foto: ULL

Aranzazu Hernández, doctora en economía por la Universidad de La Laguna, señala la influencia del nivel de renta y la formación educativa de los individuos.

La revista Population Research and Policy Review, editada por Springer, ha publicado un estudio de las dos universidades canarias junto a la  Universidad de Lund (Suecia) para determinar el efecto de la crisis económica de 2008 sobre el Índice de Masa Corporal por niveles socioeconómicos y regiones en España.

Desafío para las administraciones públicas

La creciente prevalencia de la obesidad y la existencia de diferencias sociales en ella representa un desafío para las administraciones públicas, aseguran los investigadores, dado el riesgo de sus efectos negativos sobre la salud y sobre las desigualdades en salud. Es bien sabido, además, que las crisis económicas producen efectos sobre la salud, principalmente atribuibles a los cambios en los determinantes sociales como el desempleo.

En este estudio participaron, por la Universidad de La Laguna, el catedrático de Economía Aplicada Ignacio Abásolo y la doctora en Economía Aránzazu Hernández; por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión Beatriz González López-Valcárcel y por la Universidad de Lund (Suecia), los profesores Juan Merlo y María Wemrell.

La crisis de 2008

Con base en las Encuestas Nacionales de Salud de 2006/07, 2011/12 y 2016/17 y aplicando un análisis multinivel interseccional de la heterogeneidad individual y precisión discriminatoria (MAIHDA), los autores analizan, para España, el impacto de la crisis económica de 2008 sobre el Índice de Masa Corporal (IMC) y sobre sus desigualdades desde dos perspectivas: la socioeconómica y la regional.

Además del IMC, calculado como el peso (en kilogramos) dividido entre la altura (en metros) al cuadrado, se obtuvo información de los individuos de las encuestas sobre características demográficas (edad, sexo y si se vive o no solo), socioeconómicas (nivel de renta y de estudios) y regionales (comunidad autónoma de residencia).

Relaciones inversas

En general, para todo el período analizado, se corrobora que en España existe una relación inversa entre el Índice de Masa Corporal y el nivel socioeconómico medido tanto a través del nivel de renta, como, sobre todo, mediante el nivel educativo. A lo largo del período de estudio se produjo un aumento del IMC medio, que es, en gran medida, atribuible al aumento producido durante los años de la crisis económica. Además, este aumento no fue igual, ni por nivel socioeconómico ni territorialmente.

Con respecto al primero, el aumento fue más pronunciado entre los individuos con nivel educativo medio y bajo: el gap en IMC medio entre los que tienen mayor y menor nivel educativo aumentó en un 18% durante los años de la crisis económica, para luego reducirse un 9% durante los años de la recuperación económica.

Aumento del IMC medio salvo en Aragón

Con respecto a la dimensión regional, en todas las comunidades autónomas (salvo Aragón y Castilla-León) se produjo un aumento del IMC medio, aumento que fue también heterogéneo. En particular, en Canarias el IMC medio aumentó en la misma medida que la media nacional (un 1,5%), produciéndose todo ese incremento en los años de la crisis económica (en el período de recuperación de 2012 a 2017 la media del IMC se mantuvo invariable).

Por último, el análisis muestra que las variables socioeconómicas tienen una mayor influencia en el Índice de Masa Corporal que la variable regional en períodos sin crisis. Sin embargo, durante la crisis económica la variable regional, junto a las socioeconómicas, juega un papel relevante. De ahí la importancia de las políticas regionales para, en períodos de crisis, prevenir el aumento del IMC (y con ello, la obesidad) a través de intervenciones en ese nivel de gobierno.

La investigación ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, la Fundación Cajacanarias-La Caixa, la Universidad de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Swedish Research Council.