→ «Vamos a simplificar el proceso administrativo para que todo el proceso no vaya más allá de los seis meses» → «Hay que hacer un plan de choque con la Renta Canaria de Ciudadanía» → «El Estado debe instar a Europa a aplicar en Canarias el mecanismo de protección civil humanitaria para atender la inmigración»
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, afirma que la atención a la dependencia en las islas «tiene solución» a través de un decreto que simplifique el proceso administrativo y la dotación del personal suficiente en la administración.
Reducir el proceso a seis meses
Indica que su departamento ya está preparando la normativa que permitirá reducir el tiempo del proceso destinado a la evaluación de las personas dependientes y la concesión del Plan Individualizado de Atención (PIA). Actualmente supera los quince meses y Delgado considera que se puede llevar a ocho simplificando el procedimiento. Con la dotación del personal suficiente, se podría cumplir con el precepto legal que establece que no vaya más allá del medio año.
A este respecto, Delgado señala que llevarán al consejo de gobierno un «plan de choque» para incrementar la plantilla por la vía de urgencia, pero considera necesario sacar adelante una relación de puestos de trabajo para que la consejería se dote del personal necesario para llevar a cabo sus funciones.
Entiende que el «escudo social» del que se enorgullece el anterior presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, no se corresponde con unos simples «derechos sobre el papel», sino que hay que dotarse de los recursos y los medios suficientes, algo que no sucedió en el anterior mandato.
Los «agujeros» de Noemí Santana
Delgado, que es trabajadora social, afirma que es la primera persona que con este perfil accede al puesto de consejera, lo que le concede, al menos, un conocimiento del sector. A este respecto, es muy crítica con su antecesora, Noemí Santana, de la que dice que su problema fundamental no es que desconociera la materia, sino que no se dejaba asesorar por los que sí sabían.
Señala que la gestión de Santana ha dejado un «agujero» en la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), a la que ha habido que hacer frente a través de tres modificaciones de crédito, así como un bloqueo en la negociación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Actualmente, hay unas 30.000 personas acogidas al IMV y otras 14.000 a la RCC. Delgado entiende que si se lograran pasar estas últimas al primer grupo se podría destinar esa partida económica a complementar las pensiones no contributivas.
Migraciones
Sobre la crisis migratoria en la islas, Candelaria Delgado afirma que no se avecina «nada bueno», ya que se han superado las cifras de llegada del año 2020 y se está a punto de igualar las del año 2006.
Insiste en la necesidad de un mando único por la dificultad de cerrar agendas con los distintos ministerios implicados. En particular, señala las dificultades para reunirse con la titular del Ministerio de Asuntos Sociales, Ione Belarra, para abordar la cuestión de los menores inmigrantes.
Considera necesaria una ley que haga obligatorio el reparto de menores inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas, al tiempo que aboga por la necesidad de que el Gobierno central inste a la Unión Europea a aplicar en las islas el mecanismo de protección civil humanitaria, de forma similar a como se ha hecho en Lampedusa.