El portavoz de la Junta de Personal, José María Monzón, afirma que se trata de una «revancha» por tener que aplicar la jornada laboral que dictó el Supremo.
La Junta de Personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria mostró,a través de su portavoz, José María Monzón, su posición “absolutamente contraria” a la intención del Cabildo de Gran Canaria de acometer un proceso de privatización del servicio de emergencias y extinción de incendios de la isla. A juicio del representante de los trabajadores, se trata de una «revancha» por la obligación de aplicar la jornada laboral que ha fijado el Tribunal Supremo hasta en cuatro ocasiones.
Se ha llegado a esta situación debido a la recurrente falta de personal que el Consorcio lleva arrastrando desde el año 2006, con la apertura de más parques sin la incorporación de más bomberos. Para paliar este déficit, el Consorcio decidió en 2012 imponer una jornada laboral de más de 400 horas por año y funcionario, una decisión manifiestamente ilegal que fue recurrida ante la justicia.
Doce años de litigio judicial
Tras más de doce años de litigios en los juzgados y nada menos que cuatro sentencias del Tribunal Supremo, dos de ellas en 2019 y otras dos en 2021, el Cabildo de Gran Canaria y el Consorcio han persistido en no eliminar toda la jornada ampliada, dilatando con más litigiosidad el asunto. Finalmente, mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 27 de abril de 2023 y su posterior auto de aclaración del 20 de julio de 2023, se vuelve a dar la razón a los bomberos y se indica que debe establecerse una jornada de 1.368 horas efectivas con una equivalencia de 57 guardias de turnos de 24 horas, tal como establecen las condiciones laborales pactadas en los años 2010–2013.
Los bomberos llevan desde 2019 planteando propuestas para paliar el déficit de personal y facilitar la aplicación de las sentencias con la suficiente antelación. Sin embargo, el Consorcio solo ha hecho poner obstáculos, hasta que en marzo de 2023, a las puerta de las elecciones locales, se consigue desbloquear la negociación y se logran ciertos avances. No obstante, el punto más controvertido, el de la jornada laboral, se mantiene como una línea roja para el Cabildo y las negociaciones vuelven a romperse el 11 de mayo de 2023.
La ilegal privatización del servicio
A la vista de que los distintos juzgados ya han establecido cuál es la jornada legal de los bomberos y han instado al Cabildo de Gran Canaria a aplicarla de forma inmediata, desde el Consorcio se está lanzando la propuesta a la Junta General de que la única vía es la privatización de los parques, algo que los trabajadores califican de “inadmisible” y una prueba palmaria de “la incapacidad de los responsables del Consorcio y del Cabildo para gestionar un servicio esencial para la ciudadanía grancanaria”.
La privatización, además de ser ilegal, puesto que los bomberos deben ser agentes de la autoridad por su carácter de servicio público esencial, solo conlleva una pésima prestación del servicio y, por supuesto, la precariedad laboral. Como ejemplo, baste mencionar que no existe en todo el país un servicio de bomberos públicos que haya sido privatizado. En Canarias solo existe un servicio privado de bomberos, en la isla de La Palma, y ya el Cabildo de esa isla ha aprobado un plan director para la creación de un servicio propio con 120 funcionarios para 3 parques.
Batería de propuestas
Tras la imposibilidad de diálogo con la actual dirección del Consorcio de Emergencias, los trabajadores han planteado una batería de propuestas a la Junta General, en la que están representados los diecinueve municipios y el Gobierno de Canarias.
Desde los sindicatos se plantean propuestas como la ampliación de la lista de reserva aprobada en 2020 y que no conlleva incremento económico alguno, puesto que, de la actual relación de puestos de trabajo dotada presupuestariamente, 235 efectivos, solo se encuentran trabajando de manera efectiva 196.
Por tanto, esta lista de reserva podría incorporar de manera inmediata casi cuarenta bomberos más en un plazo muy reducido de tiempo, antes de finalizar el año 2023. De esta manera, se puede suplir con rapidez los efectos que genera la aplicación de la jornada ganada por sentencia, se mantiene el carácter público y esencial del servicio y además se sigue prestando con funcionarios públicos que son agentes de la autoridad.
35 millones perdidos por falta de ejecución
La Junta de Personal insiste en que los problemas del Consorcio no son económicos, ya que se han estado realizando estudios profundos de los presupuestos y su liquidación desde el año 2010 hasta el año 2022, y se ha detectado que del dinero presupuestado se han dejado de ejecutar más de 35 millones de euros. Esto constituye tres millones que cada año vuelven a las arcas del Cabildo en forma de remanentes y que no son gastados en el Consorcio de Emergencias.
En conclusión, los agentes sociales tienden la mano a una vía de diálogo con la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para que nombre a los interlocutores que lleven a cabo las negociaciones y mediante pactos y acuerdos, establecer medidas que garanticen el mantenimiento de carácter público del consorcio, la aplicación de las sentencias, los criterios de salud laboral y, por supuesto, la jornada ganada por sentencia, todo ello firmando un acuerdo que de paz y estabilidad a la entidad en los próximos años.