→ «Si queremos más competencias hay que modificar la Constitución» → «Es normal que la administración central haga un seguimiento de los traspasos, sin que esto impida ejercer las competencias»
El director de gabinete del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Antonio Olivera, considera que la transferencia de las competencias de Costas que se ha negociado entre Canarias y el Estado es «la mejor de las posibles» atendiendo a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Señala que las últimas comunidades que han asumido estas competencias, Andalucía, Cataluña, Canarias y Baleares, lo han hecho «en el máximo posible» y entiende que, si se quiere ir más allá, es precisa una reforma constitucional.
Una cuestión «concreta»
Indica que, en cualquier caso, las divergencias sobre las competencias de Costa entre Canarias y el Estado es sobre una cuestión concreta: las concesiones anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costa, que el Estado considera que no están incluidas, mientras que Canarias, sí. «Hay que poner el foco ahí», señala Olivera, que llama a no tratar de confundir entendiendo que la controversia es sobre todo el expediente de las competencias.
Señala que, en caso de no llegar a un acuerdo, el asunto puede acabar en el Tribunal Constitucional. No obstante, indica que, desde el ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, se está llevando a cabo una labor de mediación entre el Gobierno canario y el Ministerio de Transición Ecológica «para que prevalezca el acuerdo».
Intromisiones del Gobierno central
Sobre las quejas del Gobierno canario por las intromisiones del Ministerio en competencias que son de las islas, Olivera señala que es «normal» que la administración central haga una labor de supervisión sobre las competencias que transfiere, sin que esto suponga limitar las competencias. Señala que, de forma similar, el Ministerio de Hacienda supervisa las cuentas de todas las comunidades autónomas.