El presidente del clúster de ingeniería y consultoría, Alexis Robles, señala la necesidad de reformar la ley de contratos públicos para no perder las ayudas de los fondos Next Generation.
Incolab es un clúster multisectorial conformado por agentes y entidades del mundo de la ingeniería y de la consultoría, que han decidido unir sus fuerzas para potenciar los «territorios inteligentes» e impulsar proyectos innovadores y soluciones para los diferentes territorios de Canarias, en ámbitos como el medio ambiente, la formación, la accesibilidad o la movilidad, según señala su presidente, Alexis Robles.
Robles indica la conveniencia de que se unan estos dos ámbitos, el de la ingeniería y el de la consultoría, porque son dos áreas que «van de la mano» y la creación de una entidad que los aglutina permite desarrollar protocolos que mejoran las sinergias.
Territorios inteligentes
Uno de sus empeños es el desarrollo de los «territorios inteligentes», espacios más eficientes que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, ya sea en el ámbito urbano o rural. A este respecto, Robles indica que ya han desarrollado importantes iniciativas en materia transformación digital, ayudando a muchas empresas en estos procesos.
A esto se suma una amplia batería de actuaciones para facilitar los desarrollos no solo del sector privado, sino también ayudando a las iniciativas públicas para acceder a muchos proyectos innovadores.
Modernización y diversificación del sector industrial
Recientemente han firmado con el Gobierno de Canarias un convenio de colaboración para desarrollar de manera conjunta proyectos en materia de ingeniería, desarrollo de territorios inteligentes, socio-economía y desarrollo local.
Este convenio permitirá a muchas empresas canarias salir al extranjero de la mano de Gesplan, así como la posibilidad de competir en condiciones en otros territorios nacionales: «Las empresas canarias tienen mucha capacidad de salir al exterior y ya somos referentes internacionales en materia de turismo».
Contratos públicos
Asimismo, Incolab está impulsando diferentes actuaciones para solicitar una modificación de la ley de contratos del sector público, con el propósito de ayudar a la gestión y ejecución de fondos europeos y en concreto los Next Generation.
Robles señala que está costando mucho hacer entender a los distintos partidos políticos la necesidad de actualizar el marco legal para acercarlo a la de países como Italia o Luxemburgo, donde los contratos públicos gestionados de forma directa pueden llegar a los 150.000 euros, frente al límite de 15.000 en España, una cifra que no permite desarrollar muchos proyectos.
Robles señala que, ante las reticencias, han propuesto que cualquier contrato del sector público sea auditado por profesionales independientes, algo que no se hace actualmente.