→ «Clavijo ha sido valiente y tenemos que agradecerle que esté liderando estas iniciativas» → «Puede que el enfado de algunos se deba a que pensaron que iban a sacar réditos de esa confrontación» → «La ley no es clara y hay mucho partido por jugar en el terreno de la interpretación»
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, asegura que no hay nada inasumible para el PSOE en el acuerdo sobre inmigración recientemente firmado por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo: «Los que están quedando en evidencia son los que en vez de ayudar al consenso, dicen ahora que no es asumible, cuando no hay absolutamente nada de lo que no se haya hablado ya».
El liderazgo del Gobierno canario
Señala que, en la cuestión migratoria, ha sido el Gobierno canario el que ha tenido que asumir el liderazgo, «cuando no debería ser así, porque es un problema de Estado, pero el Gobierno central ha estado expectante a ver lo que los demás hacían».
Asegura no entender el «cabreo» del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, con la firma del acuerdo con el PP, «ya que es una obligación llegar a acuerdos con todos los agentes, tanto partidos como organizaciones sociales». Considera que el enfado puede responder a que algunos pensaran que iban a sacar réditos de la confrontación.
En cualquier caso, entiende que el Gobierno de Canarias no puede permitir que por falta de entendimiento tenga que soportar esta circunstancia «en soledad». A este respecto, considera que Clavijo «ha sido valiente y tenemos que agradecerle que esté liderando estas iniciativas».
Mucho partido por jugar
Actualmente Canarias atiende a unos 5.500 menores, lo que supone una pequeña bajada con respecto a cifras anteriores, ya que algunos menores han cumplido los dieciocho años de edad. Afirma que siguen llegando a instalaciones «sobresaturadas», pero el Gobierno canario tiene que seguir atendiéndolos porque la alternativa «es dejar a esos menores en manos del Estado en instalaciones inadecuadas».
Afirma que existe un intenso debate sobre cuáles pueden ser las alternativas, porque «las cosas no son claras» sobre a qué puerto deben ir los menores «y hay mucho partido para jugar en el terreno de la interpretación jurídica de la normativa».