Dolores Fabelo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, no se opone a la participación de empresas privadas, pero «a través de las fórmulas adecuadas».
Colegios de trabajadores sociales, colectivos y sindicatos rechazan el nuevo modelo de servicio de ayuda a domicilio que el Gobierno de Canarias pretende implantar al considerarlo una agresión a los derechos sociales y al tiempo una pérdida de la calidad en los servicios.
«Privatización encubierta»
Así lo afirma Dolores Fabelo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, que asegura que se trata de una «privatización encubierta» por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, lo que hace perder garantías a los colectivos más vulnerables. Señala que en el caso de la capital grancanaria se verán afectadas 20.000 personas.
Obligados a entenderse
Reconoce que el sistema público y el privado están obligados a entenderse, pero apunta que tiene que realizarse a través de fórmulas adecuadas que busquen el bienestar de las personas, y no a través de entregar unas cantidades y dejar los servicios en manos de trabajadores precarizados.
Indica que hay una población, fundamentalmente femenina, que está ayudando a sostener los servicios sociales, y entiende que se debe dar respuesta a estas personas: «hay que poner el foco en las personas cuidadas y en las cuidadoras»