Elías Said, catedrático y codirector del proyecto de investigación Hatemedia de la Universidad Internacional de La Rioja (unir), señala que medios como X o Facebook contribuyen a generar tensión social.
Seis de cada diez mensajes de las redes sociales transmiten algún tipo de odio, según se deduce de las conclusiones del proyecto de investigación Hatemedia desarrollada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
El catedrático Elías Said indica que el setenta por ciento de los mensajes de odio publicados en webs de medios de informativos digitales y redes sociales en España atacan a políticos, mujeres, inmigrantes y comunidades LGTBI+.
Más de nueve millones de mensajes
Para alcanzar estas conclusiones han analizado más de nueve millones de mensajes de X y Facebook. Said indica que las redes sociales se han ido constituyendo en espacios de hostilidad, «contrarias a los valores democráticos».
Asimismo, han analizado el comportamiento de mil usuarios en X, observando una aparente coordinación que les hace conseguir más impacto que el resto de los usuarios, mediante la utilización de patrones de escritura similares y cumpliendo determinados roles durante el proceso de debate.
Sesgo de confirmación
Considera que estos movimientos pueden condicionar los escenarios políticos, habida cuenta de que más del ochenta por ciento de los jóvenes se informan a través de las redes sociales. Asimismo, señala el sesgo de confirmación, que hace que las personas usen las redes para confirmar sus prejuicios.
Entiende que la presencia de un monitor de odio no es la respuesta definitiva al problema, pero sí un paso adelante para tomar decisiones preventivas y salir del marco de la simple observación, máxime cuando redes, como X, han decidido prescindir de los verificadores y ahora estas labores tendrán que asumirlas otras personas.
Soluciones poliédricas
Señala que las soluciones definitivas tienen que ser poliédricas, incluyendo acciones de moderación que eviten no solo mensajes de odio, sino también aquellos malintencionados que se dirigen a determinados colectivos.
Para ello se hace necesaria la revisión de los marcos normativos, tanto a nivel local como global, porque muchas de las acciones se desarrollan fuera del marco jurídico de cada país, aunque las consecuencias pueden tener lugar en cualquier parte del mundo.