Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la ULL, recuerda que el decreto no establece cifras, sino criterios, para el reparto.
El doctor en derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, señala que, una vez entre en vigor el real decreto ley para modificar la Ley de Extranjería en lo que se refiere al reparto de menores migrantes, las comunidades autónomas quedarán obligadas a cumplirla.
Indica que la norma pone en mano de la comisión sectorial la cuantificación del reparto de los migrantes, siempre que se decida de forma unánime. En caso contrario, se establecen unos criterios en función de la población, la renta, la tasa de paro, etcétera. Pérez recuerda que no hay ningún apartado en la norma que hable de una cantidad de menores que se van a recibir,
Señala que los incumplimientos de la ley deben resolverlo los tribunales, algo que no sería «la primera vez». No obstante, recuerda que siempre existe la posibilidad de impugnar el real decreto ante el Tribunal Constitucional o acudir a la vía contencioso-administrativa.