Desde que entrara en vigor el Estado de Alarma, y debido al confinamiento, el personal técnico de la Dirección General de Discapacidad y Dependencia no ha podido hacer ninguna valoración previa al establecimiento del Grado de Dependencia de los demandantes de estas ayudas.
El director general ha reconocido además que aún pasará algún tiempo antes de que se pueda retomar esa gestión dadas las condiciones de seguridad y distanciamiento social que se deben cumplir en las distintas fases de desconfinamiento.
La presentación de nuevas solicitudes se ha seguido registrando a través de las herramientas online de la propia Consejería, pero no aquellas que se hacen en formato papel, dado que las oficinas de registro han estado cerradas al público.
Pese a que es evidente que la gestión de la Dependencia va a seguir acumulando retrasos a los que ya existían, con más de 5.000 expedientes a los que no se había podido dar entrada en el sistema, Miguel Montero ha señalado como efecto positivo que este tiempo, en el que los equipos han seguido trabajando a pleno rendimiento, se ha conseguido resolver 1.500 expedientes que estaban pendiente de determinar el Programa Individual de Atención (PIA).
Entre otras gestiones desarrolladas en estas semanas, Montero también explicó que se han resuelto diez expedientes de comunidades hereditarias, es decir, el pago de prestaciones que estaban reconocidas para un dependiente que no llegó a percibirlas antes de su fallecimiento y que ahora se entregan a sus herederos.
Con respecto a la reorganización de prioridades presupuestarias para la atención a la emergencia sanitaria, económica y social por la incidencia de la pandemia, y que se plasman en el Pacto para la Reconstrucción de Canarias, el director general explicó que no habrá recorte presupuestario en el área de Dependencia y Discapacidad, y se mostró optimista de que incluso pueda incrementarse alguna partida del Departamento.
De hecho, y con 2,3 millones de euros transferidos del Gobierno central, más 2.2 millones de euros de fondos propios, la Dirección General pone en marcha un programa de refuerzo al Sistema de Ayuda a Domicilio en coordinación con los cuatro municipios más poblados del Archipiélago, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.