Manuela Battaglini es abogada especializada en e?tica de los datos y privacidad, especialista en marketing estrate?gico y CEO de la empresa Transparent Internet, y ha sido una de las impulsoras de la carta remitida al Gobierno central para que el uso de estas aplicaciones no se convierta en una herramienta de “vigilancia permanente”.
En España ya se han puesto en marcha cuatro aplicaciones de esta naturaleza: la del Gobierno central y las tres de los gobiernos autonómicos del País Vasco, Cataluña y Madrid. En la actualidad su funcionalidad consiste en ofrecernos pautas de comportamiento ante un posible contagio, al tiempo que se ayuda a derivar consultas para que no se sature la asistencia telefónica.
“Pero puede ser que en breve estas aplicaciones empiecen a pedir permisos para acceder a información sanitaria y de geolocalización cuyo procesamiento permita la toma de decisiones políticas y de salud pública, dado que son datos de gran valor para los estudios epidemiológicos”, explicó. Y de ahí deriva que no sepamos en qué medida el acceso a esta información supone una invasión de nuestra privacidad.
La protección de esta privacidad está más garantiza cuando las herramientas recurren a alternativas descentralizadas. Es decir, que los datos que se aportan se almacenan exclusivamente en los dispositivos de los titulares, la información les pertenece y sólo ellos tienen acceso.
Este tipo de gestión de los datos asigna identidades aleatorias que no identifican personalmente a los usuarios de la aplicación.
El riesgo es cuando se opta por herramientas centralizadas, a través de las cuales la información se guarda en servidores externos y su confrontación con el resto de nuestros datos personales que tenga la plataforma, permita la elaboración de perfiles que sean explotados con fines distintos a los que nosotros teníamos previstos inicialmente.
La mayor parte de las aplicaciones y herramientas que usamos a diario, almacenan y gestionan nuestra información personal hasta el punto de generar perfiles que son vendidos a otras empresas y cuyo uso puede condicionar nuestras vidas.
“El gran problema de que se nos vigile y se acceda a nuestra información es que se generan muchas situaciones de discriminación. Por ejemplo que las empresas decidan un ERE en función de quien ha pasado o no la enfermedad. La cantidad de discriminaciones que se pueden dar a partir de esa no protección de nuestra privacidad es enorme”, dijo Manuela Battaglini quien consideró que ahí radica la importancia de contar con una normativa nacional que proteja la privacidad y los derechos fundamentales de la población.