Miguel Montero, portavoz en el Cabildo de Gran Canaria, recuerda que el PSOE también tiene responsabilidades en las irregularidades.
Para Montero, los contratos firmados por el Ayuntamiento de Agüimes respecto a la residencia de mayores son nulos "de pleno derecho", como, a su juicio, lo demuestra la reciente sentencia. Señala que, cuando en el último pleno del Cabildo se preguntó al presidente de la corporación y anterior alcalde de Agüimes, Antonio Morales, éste afirmó que esos contratos, en los que se vinculaba el pago de la estancia a los bienes del usuario, no habían salido del Ayuntamiento, sino a propuesta de los propios familiares. Por ese motivo, y basándose en sentencias judiciales en las que se invoca el derecho civil de Navarra, Morales considera que eran legítimos. Sin embargo, Podemos entiende que el derecho foral de Navarra es muy distinto al derecho civil común que se aplica en Canarias, donde un ayuntamiento "no puede estar por delante de los herederos legales" a la hora de disponer de los bienes.
Asimismo, recuerda que Morales no tenía ninguna obligación de conveniar con el Cabildo de Gran Canaria y con el Gobierno de Canarias para la gestión de la residencia, porque "podía haber sido exclusivamente municipal". Así, si Morales "tenía claro que era correcto", Montero no entiende por qué hizo una ordenanza fiscal para que unos vecinos pagaran de una forma y los que tenían concedida la dependencia, de otra.
Asegura que su partido quiere ser respetuoso con los tiempos, por lo que no contemplan acudir por el momento a la vía penal: "quizás sean los familiares quienes lo hagan". Podemos está seguro de que van a salir más sentencias y recuerda que en este asunto también hay que exigir responsabilidades al PSOE, en particular a Elena Máñez, anterior consejera de Asuntos Sociales del Cabildo.