El experto en derecho a la vivienda, Javier Rubio Gil, considera que la legislación española favorece la presencia de fondos buitre.
Rubio señala que el imperio de Blackstone comenzó a edificarse a partir del año 2008, cuando el ladrillo se convirtió en un atractivo para la inversión de fondos en todo el mundo, lo que le permitió convertirse en el mayor propietario del mundo. En España encontró una legislación apropiada para sus intenciones y se constituyó en el mayor tenedor de viviendas, "capaz de alterar el mercado de alquileres y ventas".
El fondo es conocido por su labor de lobby y presión al gobierno, como Rubio detectó en la última campaña del Gobierno "para regular un mino duración del contrato y precios". El fondo respondió publicando artículos de opinión en los periódicos "anunciando una catástrofe". Considera que Blackstone ha conseguido la transformación de muchas ciudades, convirtiendo sus centros "en camas de hotel".
Afirma que en España no se está llevando a cabo una regulación sistemática sobre la vivienda para combatir a estos fondos, limitándose la legislación a un "ya veremos". A este respecto, señala que el reciente decreto del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a la regulación del año 2013 en cuanto a la duración de los contratos a cinco años, con la novedad de fijar en siete años la duración de los contratos de alquiler si los dueños son empresas "y poco más". Esta medida, dice, "está muy lejos de ajustar los precios a los salarios".
A su juicio, habría que adoptar tres medidas: poner en circulación toda la vivienda vacía que tienen las entidades financieras, controlar el alza desmesurada de los precios y detener todos los desahucios.