Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, asegura que "mientras no pase una desgracia, nadie va a moverse".
Marichal considera que el alquiler vacacional es un fenómeno social que lleva algunos años ocasionado graves problemas de convivencia. Pone como ejemplo la isla de Ibiza, en la que ya se están alquilando balcones o casetas de campaña y donde no hay un mercado de alquiler residencial que dé salida a los trabajadores del sector turístico. También en Canarias sucede algo similar, como en Los Cristianos (Tenerife), donde los trabajadores se tienen que desplazar a vivir a San Isidro, "y allí los alquileres también están subiendo". Estima que, de seguir así las cosas, muchos trabajadores de la hostelería "no van a poder vivir".
Ashotel estima que se llevan muchos años perdiendo el tiempo y lo que tienen que hacer los ayuntamiento es "dejar de mirar para otro lado y comenzar a regular". Recuerda que sólo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado una ordenanza municipal "que va a ser de las primeras de España". Se pregunta si lo que queremos es "cargarnos Canarias" por la vía de dificultar la actividad turística regular.
Desmiente que el alquiler vacacional sea, principalmente, un negocio para pequeños propietarios, porque en Canarias hay "bastantes" empresarios que tienen más de 700 dedicadas a esta actividad. Además, se trata de un sector sobre el que no hay control, pues como el mismo Gobierno canario ha reconocido, de las 34.000 viviendas en ese régimen, apenas hay dadas de alta un 14 por ciento. Para el control de la regularidad, las islas solo cuentan con catorce inspectores: "A esto no hay derecho, ¿Para qué queremos normas si no se hacen cumplir? A los hoteleros nos tiene hinchados, solo hay inspección para los que tenemos un cartel por fuera".
Marichal recuerda que en las zonas turísticas existe el alquiler vacacional desde hace muchos años, a través de los apartamentos y aparthoteles, actividades que están reguladas y sujetas a la normativa. Considera que para dar salida al pequeño propietario ya existen figuras jurídicas, como el condominio. Considera a este respecto, que cada municipio debe tener su propia regulación, porque "no se puede aplicar la misma normativa para Arona y Vilaflor".
Lo que considera inapropiado es que se siga permitiendo el crecimiento sin control, pues no es "de sentido común" que en Santa Cruz de Tenerife "para montar un despacho de abogado se requiera el permiso de la comunidad y para montar una vivienda vacacional, no".