La magistrada, experta en violencia de género, apoya el decreto de medidas urgentes y lamenta las "reticencias" al respecto de los micromachismos.
El decreto ley de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado recientemente por el consejo de ministros otorga a los distintos servicios sociales la capacidad de conceder el estatus de víctima de violencia de género a las mujeres que sufran malos tratos, una decisión que considera "fabulosa" en cuanto supone desligar las medidas más urgentes del área judicial, "el problema es cómo vamos a implementarla". A este respecto, señala que habrá que considerar qué formación han de tener las personas a las que le corresponda conceder este estatus. Entiende que suprimir la patria potestad a los acusados de violencia de género es consecuente, pues "es incompatible ser un maltratador y ser un buen padre".
Señala que las "reticencias" ante este decreto son "inaceptables" si vienen de la creencia de que las mujeres van a acudir a servicios sociales para obtener ventajas: "Esa no es la realidad que vemos a diario en los juzgados". Por el contrario, "estamos sobre un 70% de mujeres que son maltratadas y no se atreven a denunciar. Son muy pocas las mujeres que se atreven y así hay muchísima violencia de género que no sale a la luz".
La Manada
Considera que para "gozar de una buena democracia", los poderes públicos han de ser independientes, "pero entiendo que algunas resoluciones judiciales puedan herir a la sociedad y es legítimo que salgan a quejarse". Personalmente, no le gustan las resoluciones como la de La Manada, "pero hay que acatarlas y esperar las resoluciones de los órganos superiores".