La catedrática y miembro del consejo asesor de la ministra de Sanidad alerta de una “pérdida de sostenibilidad social" si las clases medias abandonan la sanidad pública.
La investigadora en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que, en España, unos diez millones de personas tienen algún tipo de seguro sanitario privado. Cerca de dos millones son de funcionarios, otros cuatro corresponde a seguros privados que contratan las empresas y ofrecen a los trabajadores como incentivos, y los otros cuatro millones restantes están contratados por familias que pagan a las aseguradoras "por una cobertura limitada". Además, en los últimos años se ha dado el fenómeno de venta de estos seguros en ámbitos no sanitarios, "como en una tienda de muebles sueca, o cuando se contrata un crédito hipotecario con un banco".
González rechaza el argumento de que estos seguros privados ahorran recursos de la sanidad pública y que, por tanto, había que remunerarlos con deducciones en el IRPF: "Esto no es necesariamente así, pues puede darse un fenómeno de shopping, de sobreutilización de recursos sanitarios". Además, señala, si las clases medias abandonan la sanidad pública se podría caer en pérdida de sostenibilidad social, llegando al caso de una latinoamericanización de la sanidad, en la que las personas más pudientes pueden pagarse la sanidad, mientras que los menos pudientes tienen que recurrir a un sistema público depauperado. Señala que ya son muchas las aseguradoras que tienen sus propios hospitales, en los que, además, se paga muy mal a sus proveedores, incluidos los médicos.
La experta considera que otro de los problemas es el de la concentración hospitalaria, al frente de la cual está el grupo alemán Fresenius, que ha comprado el grupo Quirón en España. Actualmente, el gasto público en la sanidad asciende a unos 70.000 millones, frente a los algo menos de 30.000 del sector privado.