Santiago Pérez y José Á. Martín, denunciantes de la operación fraudulenta, muestran satisfacción por la sentencia, pero tristeza por el daño causado a SCT
“Tengo una sensación agridulce, no es de victoria ni de haber materializado una venganza; simplemente cumplí con mi deber cuando presenté la denuncia, aun sabiendo a lo que me enfrentaba”, ha manifestado a El espejo Canario uno de los denunciantes, Santiago Pérez, actualmente concejal y portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, después de que hoy se haya sabido que la Audiencia provincial ha condenado al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador Miguel Zerolo (Coalición Canaria) a siete años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación administrativa en el caso Las Teresitas. La sentencia condena igualmente a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia a cinco años y tres meses de cárcel y, junto a Manuel Parejo, Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín, al pago total de 61 millones de euros, más los intereses, para indemnizar al Ayuntamiento. “Espero que, a partir de hoy, se cambie la forma de hacer las cosas en esta tierra”, subrayó.
Para Pérez, “esta sentencia debe de tener un valor disuasorio” para aquellos “políticos y empresarios influyentes” que, “en momentos de impunidad”, pensaron que “la isla, las personas y sus instituciones eran su patrimonio privado”. Tras pasar 18 años desde que presentara la denuncia, siendo entonces secretario general de los socialistas tinerfeños, el concejal lagunero piensa que su gesto “me costó el cargo” y finalmente su vinculación al PSOE-PSC, y se sintió especialmente dolido por los editoriales dominicales “del periódico más importante de Tenerife” que le acusó de “poner en mal lugar la buena imagen de Santa Cruz”.
Santiago Pérez estima que “la condena es adecuada a las pruebas, muy bien amarradas” y alabó “la profesionalidad de los magistrados” que han permitido “cerrar el círculo con un fortalecimiento del Estado de Derecho” en el que deben primar los intereses generales frente a los particulares.
La absolución de Emilio Fresco, compañero de filas y concejal en el momento de la denuncia, supone para Pérez que “el Estado de Derecho ha funcionado”, aunque “hay otras manos que mecieron la cuna que no se han visto envueltos en este caso” como CajaCanarias, “sin cuya participación era imposible la comisión del delito”, ya que sospecha que “la operación partió de instancias financieras”.
A pesar de que el denunciante piensa que Coalición Canaria debería pedir perdón por los perjuicios causados a los canarios, se mostró convencido de que “no lo van a hacer porque son la expresión y la quintaesencia del régimen, de un modo de hacer las cosas” que tenía como cara visible a Zerolo.
Pérez reiteró que no se alegra “de que haya personas condenadas, pero sí de que se haya hecho justicia”, y sugirió que “ahora sí me puedo retirar de la política, pero cuando quiero yo”, en alusión a los desencuentros que mantuvo con su formación por su denuncia y que le llevaron finalmente a abandonar el PSOE-PSC.
José Ángel Martín
Por su parte, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también denunciante en el caso Las Teresitas, expresó en El Espejo Canario su “satisfacción porque se acaba todo un periodo, y concluido un trabajo de muchos años pero, sobre todo, porque ahora Santa Cruz dispone de un instrumento para reclamar y recuperar los más de 80 millones de euros” en que se cifra la operación de compra-venta de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas.
Martín lamentó igualmente “la mala imagen que ha dado mi ciudad por las prácticas delictivas de algunos”, que ya se pueden “catalogar como la trama de corrupción más importante de las Islas Canarias en la época democrática”. Su partido, afirmó, “exigirá, ahora más que nunca, el cumplimiento íntegro de la sentencia y la recuperación del dinero”.
RESUMEN | Las penas a los acusados son las siguientes:
Miguel Zerolo: Siete años de cárcel, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, e inhabilitación absoluta durante diecisiete años y seis meses como autor de un delito de malversación? y como autor de un delito de prevaricación, a una pena de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de carácter electivo en el ámbito local que permita participar en el gobierno municipal, así como para el desempeño de cargos o empleos análogos a los anteriores en el ámbito insular, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses.
Manuel Parejo, como autor de un delito de malversación,a una pena de siete años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, e inhabilitación absoluta durante diecisiete años y seismeses? y como autor de un delito de prevaricación, a una pena de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de carácter electivo en el ámbito local que permita participar en el gobierno municipal, así como para el desempeño de cargos o empleos análogos a los anteriores en el ámbito insular, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses.
Víctor Reyes Delgado, como cooperador necesario de un delito de malversación, a una pena de prisión de cuatro años y seis meses con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación absoluta durante catorce años? y como autor de un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ocho años.
José Tomás Martín González, como cooperador necesario de un delito de malversación a una pena de prisión de cuatro años con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación absoluta durante doce años? y como autor de un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante siete años y seis meses.
Antonio Ramón Plasencia: como cooperador necesario de un delito de malversación, a una pena de prisión de cinco años y tres meses, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades empresariales consistentes en la promoción y desarrollo de actuaciones urbanísticas durante el tiempo de la condena y a una pena de inhabilitación absoluta durante catorce años? y como cooperador necesario a un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante siete años.