El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, considera “fundamental” que la inversión en educación en Canarias se acerque al 5% del PIB que recoge la Ley Canaria de Educación para el año 2022 y que nos asimilaría a los países desarrollados.
“En Canarias hay una hoja de ruta muy clara que viene definida por el pacto económico y social por la educación y por la Ley Canaria de Educación, y esa hoja de ruta es la que hay que cumplir con independencia del partido político del Gobierno y de la Consejería de Educación”, afirma Aciego, que recuerda que uno de los retos de la educación en Canarias es dedicar al menos el 5% del PIB: “Actualmente estamos sobre el 3,7%. Es fundamental tomar conciencia de que la educación es importante y vamos a hacer el esfuerzo de invertir lo que se está invirtiendo en otros países desarrollados”.
A este respecto, Aciego recuerda que el sistema educativo es transversal a toda la sociedad, pues no solo procura conocimientos a través de los libros de textos, sino también estimula hábitos sanitarios, deportivos, de nutrición, etc. Por tanto, incrementar el dinero dedicado a la educación “no es un capricho”, pues hay muchos retos a los que hacer frente y la consecución de los objetivos demanda dotación económica.
“Hay, por ejemplo, un reto fundamental que está encarrilado pero que hay que consolidar. Se ha estado insistiendo en que no nos vale una enseñanza enciclopédica que llene de conocimientos al alumnado, sino que la educación debe ser más competencial, enseñar a resolver retos y desafíos y enseñar a emprender. Pero nos seguimos tropezando con currículums en los que se repite la sobrecarga de contenidos y el criterio de evaluar sobre la información. Seguimos empeñados en llenar la cabeza de nuestros alumnos de información, cuando lo que tenemos es que ayudarle a desarrollar estrategias para resolver problemas”.
Para cambiar esta mentalidad “se necesitan recursos”, que son los que permiten bajar los ratios de alumno que son atendidos por cada profesor, orientador, etc. “Ahora hay un orientador por cada 450 alumnos, un trabajador social por 5.095 alumnos, o un especialista de audición y lenguaje por cada 1.601 alumnos”. Pero, “para hacer frente a la diversidad de un alumnado con distintos ritmos de aprendizaje” se necesita bajar estos ratios, “lo que se traduce en recursos”.
Asimismo, se refirió al programa Tránsito, que facilita el acompañamiento de los niños que pasan a Secundaria, un plan que sigue en fase piloto “muy lejos de estar generalizado a todos los centros educativos de Canarias”. Y lo mismo sucede con el programa Impulsa, dirigido a niveles primarios que no llega a estar presente “ni en el 10% de los centros de Canarias”.
“Hay que garantizar la continuidad de los planes”
También se refirió a que la agenda de la educación no debe coincidir con la agenda política. Así la educación debería quedar al margen de los cambios en los titulares de la Consejería “hay que garantizar la continuidad de los planes que funcionan” para que no dependan de la sustitución de cargos altos e intermedios en la Administración. Así “En España hemos vivido la anomalía de que cuando viene un ministro su obsesión es ponerle su nombre a la nueva ley. Esa es una irregularidad respecto a cualquier país desarrollado, en los que en educación hay unas directrices claras de lo que se quiere y funciona como una constitución sobre la educación”.
En este contexto, Aciego se mostró favorable de las evaluaciones continuas, siempre que estas no se limiten a la evaluación de los conocimientos del alumnado, sino “que se evalúe todo el sistema” lo que permite tomar decisiones que vayan más allá de las “ocurrencias”.
Educación concertada y escolarización de 0 a 3 años
Aciego recuerda que las familias no están obligadas a pagar por todos los conceptos que los centros pidan. “Si no se hace así, los centros deben ser inspeccionados. Ahí no hay matices, los aspectos básicos de la educación son gratuitos, otra cosa son los servicios complementarios extra curriculares”.
Aciego se mostró a favor de incrementar progresivamente la posibilidad de la acogida temprana, así como de la escolarización de 0 a 3 años, “hoy día, como funciona la sociedad, es una necesidad”. Se trata de servicios que permiten la conciliación de la vida familiar y laboral “por tanto hay que darle respuesta”.
Consejo Escolar de Canarias
El Consejo Escolar de Canarias es un órgano de participación de la comunidad social en el que está representado el profesorado, las familias, el alumnado, el personal de administración y servicios y también las sociedad, a través de municipios, cabildos, patronales, organizaciones sindicales y las universidades. Está formado por cincuenta y cuatro miembros cuya función es asesorar en todo lo que afecta a la educación no universitaria, así como presentar informes no vinculantes sobre los proyectos normativos para este nivel educativo.