La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, a través del programa extraordinario de inspección, ha detectado desde el 16 de octubre 1.500 empleos temporales fraudulentos en la provincia de Las Palmas.
El director general de Trabajo, Miguel Ángel González, recuerda que la Inspección de Trabajo cuenta en Canarias con cincuenta y tres inspectores y treinta y ocho subinspectores, pero en el último trimestre, gracias a un convenio con el Ministerio de Empleo, se han incorporado treinta y dos efectivos adicionales para el plan extraordinario de inspección contra el trabajo temporal donde no esté indicada esta modalidad. Así, frente a los 5.00 empleos transformados de temporales a fijos en el curso de un año, se ha conseguido en tan solo un mes la transformación de más de 1.500 contratos en la provincia de Las Palmas. El programa extraordinario estará en vigor hasta el 30 de noviembre.
González advierte que, por sí mismos, los contratos temporales no son ilegales si se utilizan en las circunstancias prescritas por la ley, en caso contrario, se trata de una forma de competencia desleal que perjudica a aquellas empresas con plantillas regularizadas.
La sanción no es el objetivo final de la inspección, ya que se establece una fase de corrección en la que si se corrigen las irregularidades se atenúa la sanción, salvo en los casos de personas sin contrato o aquellas que cobrando una prestación realiza una actividad remunerada. Asimismo, el veinte por ciento de las irregulares, afirma González, se corrige tan solo con el anuncio de la inspección. No obstante, señala que su departamento va a seguir comprobando que las correcciones se mantienen a lo largo del tiempo allí donde han detectado irregularidades.
González señaló que la alta temporalidad es una consecuencia de la reforma laboral, que se hizo “para abaratar el despido y eso es lo que sucedió: una destrucción de empleo importantísimo”. Otra consecuencia de la reforma fue la mayor vulnerabilidad de la capacidad negociadora de los sindicatos, lo que a su vez repercutió sobre la alta temporalidad, que “no es buena ni para la economía, porque disminuye el nivel de compra” de los trabajadores.
Economía sumergida, siniestralidad e igualdad
La economía sumergida es otro de los ámbitos de actuación de la Inspección de Trabajo, así de 25.000 actuaciones anuales, 5.000 son contra la economía sumergida. González señala que en la lucha contra estas modalidades es indispensable la colaboración de agentes económicos y sociales.
Otra diana de actuación es la siniestralidad laboral. La Dirección General se guía por el índice de accidentalidad, que mide la proporción entre el incremento de la población ocupada respecto del incremento en el número de accidentes. Así, hasta septiembre se estaba incrementando este índice, “era más que proporcional, simplemente porque el sector de servicios es el de mayor nivel de contratación, y registra accidente de carácter leve-medio. Otro sector, es el sector de la construcción, al que hemos solicitado un mayor esfuerzo de carácter preventivo”. Así, en octubre ese índice ha disminuido. “Para la empresa es más rentable y competitivo tener una plantilla sana”. González recuerda que la mayor parte de los accidentes mortales son consecuencia de infartos y accidentes in itinere, es decir, en el trayecto de ida y venida del trabajo.
Uno de los aspectos de la salud laboral es la lucha contra el estrés: “El estrés por sí mismo no es malo”, pero sí lo es cuando es producto de la descompensación entre las competencias y las exigencias de los trabajadores: “Hay que seguir fomentando correcta evaluación de los puestos de trabajo, adecuándolo a las personas que lo ocupan”.
González destaca también la lucha contra la discriminación salarial entre hombres y mujeres actuando con la acción inspectora de oficio o bien a partir de una denuncia. Incluso, al registrarse los convenios en la Dirección General, y aun estando de acuerdo las partes, “podemos actuar de oficio si advertimos que no se cumple la igualdad”.