Comentario inicial de Francisco Javier Chavanel, director de El Espejo Canario.
En marzo de 2015, dos años y medio atrás, le envié una carta a través de correo electrónico al presidente de Canarias7 y de la productora Videoreport, Juan Francisco García, comentándole mi imposibilidad de continuar como colaborador en el citado periódico, debido a las presiones que ejerció su persona contra el que iba a ser miembro del consejo rector de la televisión autonómica, Paco Moreno, obligándole a dimitir antes de tomar posesión con el objeto de ganar tiempo, de evitar la configuración de aquel consejo, de colocarse por encima del bien y del mal para continuar usufructuando una posición de privilegio que le otorgaba el control de 144 millones de euros durante ocho años.
En aquella carta le comentaba a García González que para mí era insoportable que desde una empresa privada se condicionasen los dineros públicos a través de la extorsión y del chantaje. A partir de ese instante los dos, García y yo, seguimos rutas distintas hasta volver a encontrarnos con motivo de los juicios del fiscal Stampa y del juez Pamparacuatro, ambos con orígenes en distintas publicaciones mías en Canarias7, en las que se denunciaban las abundantes irregularidades del caso Unión.
En ese periodo nos hemos acercado, hemos hablado, he pensado incluso en que las cosas se podrían reconducir hacia el sentido común. Me hubiera tranquilizado que así fuera. Por él, una persona con la que comparto biografía desde 1987 y por la que albergo sentimientos positivos; por el periódico, del que fui redactor, jefe de reportajes, redactor jefe, subdirector, director, responsable de la publicación, durante muchos años de duro trabajo; y por un sentido mínimo de la Justicia.
Sin embargo este verano he contemplado cómo las distancias aumentaban, como cualquier posibilidad de decencia huía despavorida; he visto un ataque desmelenado al Gobierno porque ha puesto en marcha el concurso de la TVA dos años después de vencerse el plazo, y lo ha hecho cuando ya queda menos de un año para ejecutarlo pues si no lo hace antes del 30 de julio de 2018 230 trabajadores se irán a la calle y la televisión se irá inevitablemente a negro. Ha sucedido cuando es obligación del Gobierno velar por esta cuestión; cuando es obligación del actual director de la TVA, Santiago Negrín, evitar la ilegalidad y evitar someterse a cuartos poderes menguantes; y es obligación de las personas que tutelan a las empresas con deseos de presentarse al concurso prepararse y actuar en consecuencia. Pero lo que está pasando es otra cosa: la empresa dominante en estos momentos, Videoreport, o Canarias7, da igual, ha desenfundado el revólver y ha dicho: “Este dinero es mío, me importa un pito la legalidad o la ilegalidad, yo quiero ese dinero y no voy aceptar ningún concurso que yo no controle”. “Nosotros mandamos por encima de lo público, del poder configurado por los ciudadanos, por encima de la democracia”. “Nosotros mandamos como los narcotraficantes sobre la nación de Colombia, como los independentistas catalanes sobre el proceso de desenganche de España”.
Hemos llegado al quid de la cuestión. ¿Tanta desesperación a qué viene? A algo muy sencillo. Si Canarias7 no logra por las buenas o por las malas continuar dentro después del próximo concurso, si no consigue darle una buena dentellada a los recursos públicos, el periódico dejará de existir. El periódico no da para más, aunque no poco habrá tenido que ver su línea editorial errante al servicio de intereses cada vez más espúreos. La media diaria está en 5.000 lectores y bajando. Los domingos ya está por debajo de los 6.000. Cuando yo me fui estábamos en 13.000. En dos años y medio han perdido 7.000 ejemplares. Acaban de firmar un acuerdo con los trabajadores de rotativa para trabajar exclusivamente 3 horas al día. No hay tarea. Desde dentro se dice que “imprimen más periódicos para regalar que para vender”. Ese negocio está muerto, está caduco, en vías de fallecimiento. Es la televisión, o sea, los recursos públicos lo que mantiene a esa empresa. Por lo tanto, la conclusión es evidente: hagamos lo inconcebible para seguir en pie.
Y lo inconcebible es matar a Clavijo, eliminarle, dejarle fuera de la ecuación. La pregunta que se hace Canarias7 es: ¿por qué no se deja matar Clavijo, por qué no se hace nuestro, por qué no se pone en nuestras manos para ser felices los cuatro, tal como dice la canción de Maluma?
Cualquier lector imparcial y dominical habrá visto juntos el mismo día, en el mismo número, artículos de Paco Suárez, Manolo Mederos, Antonio Morales, Román Rodríguez, Enrique Bethencourt y Paulino Rivero. Los dos primeros pasan por ser periodistas pero en realidad actúan como directivos de Videoreport, sin empacho alguno en dar sus opiniones “imparciales” sobre el caso. Los cuatro últimos forman parte del mismo credo y de la misma basílica: Nueva Canarias. Viva la opinión plural, la democracia y la libertad de expresión.
Incluído Paulino Rivero, que en este verano enloquecido, en el que ha parecido que Canarias7 se convertía en algo así como un periódico golpista, Rivero ha escrito sobre los vertidos y microalgas para echarle la culpa al Gobierno de Clavijo, se ha solazado con la moción de censura en Icod de los Vinos y ha aplaudido un alcalde de Nueva Canarias, se ha referido sin esconderse al contubernio formado por Román Rodríguez, Asier Antona, y los socialistas, y ha alentado todos los movimientos que se pudieran efectuar para debilitar a Coalición Canaria, de la que fue presidente antes de ser presidente del gobierno por esta formación, en un trasunto de travestismo político que causa vergüenza ajena. El presidente de CC que echó a Román Rodríguez del gobierno, el responsable directo de la creación de NC y, por lo tanto, de la división del nacionalismo, es ahora su mejor amigo, su mejor aliado, el dúo dinámico seducido por Juan Francisco García para domeñar al actual presidente de Canarias, guste o no guste único en esta película que se comporta como auténtico garante de los recursos públicos.
Y es que Clavijo tiene la mala costumbre de no hacer demasiado caso de aquellos que le amenazan. Ya tuvo que caer ante Rivero en la votación interna que lo proclamó candidato. O en el caso Corredor, en el que tanto hizo Canarias7 para que se le declarase culpable siendo inocente. O durante la tramitación de la Ley del Suelo. O cuando Patricia Hernández les contaba en privado que ella se lo cargaría. O cuando Román se fue a Madrid a hablar con el PP a pedirles que él podría ser el candidato de una coalición Podemos-NC-PSOE y PP… Vaya, vaya, aquí no hay playa, toda la izquierda con el PP juntitos y por un concurso de televisión.
Por un concurso de televisión de 144 millones, digo… No nos engañemos. Todos estos cuentos, todos estos ataques… Que si la soledad de CC, que si ahora va a gobernar el Parlamento, que si ahora los que mandan están en la Oposición, que si el presidente Clavijo está amarrado de pies y manos, que si el gobierno es el responsable de las microalgas, o del incendio del barco “Cheshire”, o de que Boateng deje la UD Las Palmas, todas estas cosas que se dicen sin sentido y en una patada al periodismo serio por parte del amarillismo más feroz, sólo persiguen una cosa: darle a Juan Francisco García los 144 millones de euros que precisa para que Canarias7 continúe con vida, para que Videoreport se lleve dos millones de euros limpios por temporada, para que un periódico cada vez con menos influencia y con menos venta se mantenga a flote para ellos –Román, Paulino, el propio Asier Antonia- sigan existiendo ante una multitud callada, silenciosa y que, probablemente, los desprecia y los ignora.
El papel de Asier Antona es muy singular. Venía a renovar el PP, veremos si el tiempo dice que hay que renovarle a él. En la última entrevista que tuvimos en la radio le pregunté si iba a velar por los intereses privados frente a los públicos en el asunto de la TVA. Contesto que no. Enérgicamente. De ninguna forma.
Bueno, pues es lo que está haciendo. En este verano no llegó a ser Román Rodríguez ni Paulino Rivero, porque eso ya es lo máximo de la desfachatez, pero no ha dudado en ponerse al frente de la manada. Sobre la televisión ha dicho: “El PP liderará el cambio en la televisión autonómica desde septiembre”… Liderar el cambio significa liquidar a Santi Negrín y poner a otro que le guste al presidente de Canarias7. Uno que se haga con el control del concurso para que repita la operación de hace diez años de Paulino Rivero, el cual, fruto de un calentón con La Provincia y con la Cadena Ser, es decir, con los principales accionistas de Socater, la empresa que entonces usufructaba esos 144 millones de euros, dio las órdenes oportunas a la mesa de contratación para que ganase Videoreport y para que perdiese Socater.
¿Prevaricó Paulino Rivero a favor de Canarias7 en aquel concurso? Lo único que podemos decir sobre aquello es que días antes de darse a conocer el ganador todo el mundo sabía en el mercado que el concurso se lo llevaba Videoreport y, súbita e inesperadamente, se dispararon el precio de sus acciones en la bolsa. También podemos añadir que una de las miembros de aquella mesa de contratación, Anuska Simón, fue contratada poco después por Videoreport. Y también podemos añadir que el nunca bien ponderado Román Rodríguez llegó a decir lo siguiente: “Suspender el concurso una vez abiertas las plicas (eso fue lo que hizo Paulino Rivero) ha generado serias dudas sobre la imparcialidad del concurso, creando inseguridad jurídica y dando la impresión de república bananera”. El representante de Nueva Canarias en el consejo de administración, Miguel Guerra, se quejó en varias ocasiones de ser insultado por Canarias7 por votar en contra de sus intereses, acudiendo finalmente a la Fiscalía a denunciar la concesión.
Y hay más cosas que llamaron la atención sobre aquella concesión paulina. El informe jurídico lo hizo una empresa privada, Doxa Consulting. Nada de informe jurídico a cargo de funcionarios públicos. No. De alguien a quien se le paga el servicio. Y más: Videoreport tuvo la máxima puntuación en materia de contratación teniendo veinte empleados menos que su opositora, y también tuvo la máxima en estructura organizativa sin contar por entonces con estudios de televisión. En fin, un conjunto superlativo de rarezas que sorprendentemente no fueron revisados por la Justicia con motivo de la investigación que se sigue contra Willy García en un juzgado de Tenerife. Operación Cielo, creo que se llama. Desde luego, Paulino Rivero sabe cómo darles el cielo a sus aliados.
¿Qué hacía el domingo 4 de septiembre Paulino Rivero, a las nueve y medio de la mañana, en las instalaciones de Canarias7? ¿Que hacían el domingo 4 de septiembre, hace de esto una semana justa, Paulino Rivero, Román Rodríguez, y Juan Francisco García, a las nueve y media de la mañana en las instalaciones de Canarias7?
Yo les cuento qué hacían allí. Había fracasado el asalto al furgón blindado. Ya estábamos en septiembre y, de momento, era imposible presentar la iniciativa parlamentaria prometida por Román Rodríguez y Asier Antona para cargarse a Santi Negrín y así controlar el concurso porque el PSOE no colaboraba.
No pierdan de vista las cuentas. Para echar a Negrín como consejero del consejo rector se precisan 36 votos. Entre NC, Podemos, PSOE y PP, dan 39, por lo tanto técnicamente es posible… No es posible para nombrar a un nuevo presidente, ya que se necesitan 39 votos, pero sí da para cargarse a Negrín si es que el PSOE estuviese de acuerdo. Y lo cierto es que el PSOE de Patricia Hernández y el de la gestora estaban en la línea con Canarias7. Su odio a Clavijo es mutuo y, ya saben ustedes, que por el odio hasta se hace santo al peor de tus enemigos. Es lo mismo que les pasa a Román, a Paulino y, en menor medida, a Asier Antona. Es el odio lo que los transforma en vampiros de los recursos públicos.
Angel Víctor Torres, nuevo secretario regional del PSOE, tentado por Román, le dijo que no, que no participaban por ahora, que hasta que no se resolviesen los secretariados insulares ellos no pueden comprometerse con algo así. De modo que hay que esperar como mínimo a lo que pase en el próximo fin de semana. En ese instante el PSOE decidirá si es comparsa de las estrategias de otros o se aparta del camino emprendido por Patricia Hernández y practica sus propias políticas al margen de determinados poderes fácticos. Y conociendo el percal mucho me temo que esta historia diseñada por la avaricia de Juan Francisco García y el oportunismo irresponsable de Román Rodríguez termina aquí. Es Román quien habla con Angel Víctor acabo de decir. Es Román el que habló con Patricia Hernández. Es Román el que se atrae a Noemí Santana de Podemos y quien le ofrece la presidencia del consejo rector a María Lorenzo. Es Román quien vertebra los tratos con Lucas Fernández y Diario de Avisos, y es quien trabaja de forma abierta y decidida a favor de los intereses privados de García. ¿Es esta la tarea que debe realizar un parlamentario elegido por los ciudadanos? ¿Qué pueden pensar los votantes de Román Rodríguez cuando se comporta desmelenadamente como un empleado de una empresa privada?
Lo mismo que le criticó a Mauricio cuando era “el conseguidor” es a lo que se dedica Román. Claro que él cobra del Parlamento. ¿Pero Paulino Rivero no está protagonizando una sorprendente historia de puertas giratorias, trabajando, colaborando, asesorando, al presidente de la empresa a la que su gabinete le concedió el concurso de 144 millones de euros hace nueve años? Y la pregunta es muy sencilla: ¿lo hace gratis o cobrando? La ley le permite cobrar después de dos años alejado de lo público, por lo que sería legal hacerlo. Pero, siendo legal, ¿es asumible moralmente el que el presidente del Gobierno que concedió el concurso de la televisión autonómica a Videoreport se comporte en estos instantes como un accionista de referencia de Videoreport?
Quiero recordarle lo siguiente a Paulino Rivero. En su primea legislatura libró una dura batalla para que su gobierno no cumpliese con una indemnización al empresario privado, Rafael Bittini, por el asunto de Tebeto. La indeminzación alcanzaba los cien millones de euros, que fue la cantidad que propuso la parte de Bittini cuando se le exigió que presentase una tasación. En aquel momento, en un procedimiento judicial reglado, el Gobierno que presidía Rivero no presentó tasación alguna. La ley exigía que las dos partes presentasen su tasación y que, a partir de ahí, el Juez decidiría si era necesaria una nueva tasación, en este caso independiente, para garantizar una indemnización justa. Pero la ley también exigía que las tasaciones se presentasen por las dos partes en litigio. Y sólo lo hizo una. De modo que la sentencia se ajustaba a derecho. A Rivero esto no le importó. Impelido por la crisis y por la defensa de los “intereses públicos” cargó contra Bittini, al que tildó de delincuente. Ordenó una nueva tasación fuera del plazo legal y con ella se fue a Madrid a presionar a Zapatero para que éste, a su vez, presionase al Tribunal Supremo, de forma que cambiase la sentencia de la Sala de lo Contencioso de Las Palmas, aceptando las tesis del Gobierno de Canarias.
Y así se consumó el atropello. Un pacto político remendó la sentencia primitiva, el Supremo le quitó todo valor a los hallazgos mineros de Tebeto, los intereses públicos quedaron resguardados. Sin embargo, en la misma época, Rivero no tuvo problema alguno en pagarle al empresario lanzaroteño, Joaquín Cañadas, la cantidad de 30 millones de euros, por algo parecido a lo de Tebeto en Fuerteventura. Ni rechistó. Pagó, cumplió con la sentencia y la vida siguió como si nada.
Lo de Tebeto se lo recuerdo para que sepa que estamos en lo mismo. Estamos en lo que yo le denuncié a Juan Francisco García hace dos años y medio en mi carta. Es un ataque a los recursos públicos sin precedentes por parte de una empresa privada, que usa el periodismo como ariete para quebrantar la voluntad de los que tienen la responsabilidad de salvaguardar los intereses públicos.
Es muy triste que dos ex presidentes de Canarias estén alentando esta situación perversa desde ese periódico que no le hace favor alguno al periodismo. Es triste y es una gamberrada, impropia de personas mínimamente serias. Se ve que para ellos, por encima de otros valores, lo que importa es lo que se tuvo, el figuroneo y el sentirse Sisi emperatriz.
Todo este ruido vale 144 millones de euros. 144 millones justifican lo injustificable. Nuestra misión es denunciarlo y decirle al Gobierno que actúe sin miedo hasta las últimas consecuencias.
No es mal momento para reflexionar si vale la pena seguir con esta fórmula mixta de funcionamiento con los periódicos siempre por medio en los concursos. Es evidente que su presencia contamina el paisaje. Antes o después terminan chantajeando la actividad pública. Hay que asumir este fracaso y más con la desesperación por sobrevivir que hay en estos momentos. Tal vez debieran considerarse otras fórmulas: desde transformar la tele en algo que sea cien por cien público (aunque cueste el doble será más decente) o cerrarla.
El cierre no nos gusta. Creo que nos cargaríamos todo el tejido de comunicación audiovisual que existe en Canarias, que es una de nuestras fortalezas. La otra medida es obvia: amputar la presencia de los periódicos en el concurso para eliminar cualquier contaminación y darle paso a las empresas del sector estrictamente profesionalizadas en él.