Comentario inicial del programa de radio El Espejo Canario.
Si el caso de Las Teresitas fue un pelotazo de libro, tal y como lo denominó el su día la fiscal María Farnés, la sentencia conocida ayer que condena a prisión al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, al exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, a otros dos funcionarios municipales y a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, es también una sentencia de libro.
La sentencia del caso Teresitas viene a poner punto final a un largo proceso, un juicio mediático envuelto en condenas paralelas, en el que se juzgaba una forma de hacer política en el manejo de los asuntos públicos bajo la apariencia de perseguir el interés general.
Hicieron falta nada menos que diez años de instrucción para que la Fiscalía pudiera demostrar que la compra del frente de playa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz a dos conocidos y poderosos empresarios isleños, por importe de 53 millones de euros, se trataba en el fondo de un monumental pelotazo urbanístico cometido con el consentimiento por parte de quienes desde sus puestos de máxima responsabilidad al frente de la corporación municipal tenían el deber de salvaguardar esos intereses ciudadanos que, el entonces alcalde, Miguel Zerolo, alegaba como justificación a haber dado el visto bueno a dicha operación.
Y esta sentencia, que ha conmocionado a la clase política y empresarial, viene a juzgar también una forma de hacer política desarrollada durante décadas en Tenerife por ATI primero y su sucesora Coalición Canaria después, que de la mano de un oculto entramado poder empresarial, patrimonializaba la vida política sin pudor alguno, seguros de la impunidad de sus actuaciones bajo el disfraz de ese socorrido interés común que, cómo no, guiaba toda su actuación al frente de la instituciones a su cargo.
Un fallo judicial, en definitiva, ejemplar y ejemplarizante, que debería servir como aviso a navegantes para quienes se dedican a la cosa pública, y también para aquellos funcionarios que creen servir al interés general guiados por la obediencia y colaboración a una clase política que no se frena a la hora de manejarlos y utilizarlos para sus espúreos intereses.
El caso Las Teresitas, recordémoslo, se inició en 2001 cuando un colectivo denominado Justicia y Sociedad, impulsado por los dirigentes socialistas Santiago Pérez y José Ángel Martín, presentaban una denuncia en los tribunales y que dio lugar cinco años más tarde a la querella de la Fiscalía Anticorrupción, contra el entonces alcalde, Miguel Zerolo; el concejal de Urbanismo, Luciano Parejo; los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Gonzalez; los concejales Emilio Fresco y José Emilio García Gómez y varios funcionarios municipales, por los presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, por irregularidades cometidas en la compraventa del frente de playa.
Los detalles de esta operación salieron todos a la luz durante la fase oral del juicio, merced al esfuerzo y minuciosa preparación del caso de la fiscal anticorrupción de la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez.
Según se pudo demostrar en el proceso, los dos empresarios compraron en 1998 los terrenos a la entonces Junta de Compensación de Playa de Las Teresitas por 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros), gracias a un crédito concedido de forma urgente y en seis días por CajaCanarias (hoy, La Caixa) a una empresa constituida dos días antes por un testaferro de Ignacio González y por un hijo de Antonio Plasencia, al margen de los requisitos que la propia comisión de control de la entidad bancaria impone para la concesión de préstamos de alto riesgo.
La justificación que dio para dicha operación crediticia el entonces presidente de la Caja, Rodolfo Núñez, es que la entidad no podía dejar escapar tal negocio cuando venía avalado por empresarios tan solventes como Plasencia y González —miembro del consejo de administración de la Caja, al igual que el alcalde Miguel Zerolo— aunque cuando en el preciso momento en que se concedió el crédito aún no estaba declarada urbanizable Las Teresitas, algo que sucedió solo seis días después por parte del Tribunal Supremo.
La historia ya es conocida. Inversiones Las Teresitas vendió luego estos terrenos al Ayuntamiento de Santa Cruz —que ya era titular de los mismos según se demostró ahora, aunque tanto Zerolo como Parejo aseguraron ignorar— por 52 millones de euros, pese a que otras tasaciones que se ignoraron en esta turbia operación dejaban el valor de los terrenos en la mitad. Además el Ayuntamiento recalificó para uso residencial el resto de las parcelas de la trasera de la playa, que siguieron en manos de los empresarios hasta que en 2006 se las vendieron a Mapfre por 92 millones de euros, con un aumento de edificabilidad valorado en nueves millones.
La sentencia dada a conocer ayer, que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, condena con todos los pronunciamientos en contra al exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal Manuel Parejo, a siete años de prisión cada uno e inhabilitación para ejercer cargo público en corporaciones locales.
A los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia les corresponden cinco años y tres meses de prisión a cada uno, mientras que José Tomás Martín y Víctor Reyes, exgerente y exsecretario de Urbanismo respectivamente, son condenados a cuatro años de prisión cada uno.
Por el contrario, son siete los absueltos: los exportavoces municipales de PSOE y PP por aquel entonces, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez; los empresarios Carlos Plasencia y Pedro González; y los funcionarios José Luis Roca, Antonio Messía de Yraola y José Eugenio de Zárate.
Los delitos por los que se condena a estas seis personas son malversación de fondos públicos y prevaricación. El tribunal entiende que Zerolo y Parejo son autores de ambos delitos, mientras que los otros cuatro son penados como cooperadores necesarios en el caso de la malversación.
En su vertiente económica, la sentencia dice que los seis condenados tendrán que abonar 52,58 millones de euros (más intereses) al Ayuntamiento capitalino solidariamente con las empresas intervinientes en la compraventa. Además, los seis condenados tendrán que indemnizar al Consistorio local con otros 9,16 millones de euros.
Sentencia, pues, que pone coto a actuaciones delictivas cometidas bajo cobijo de una representación institucional mal entendida y que, en este caso concreto, se ha demostrado que obedeció a la voluntad de favorecer los intereses de dos empresarios a costa del quebranto de unas arcas municipales que tenían el deber de salvaguardar.