La doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la ULPGC evalúa el sistema sanitario nacional y regional
“Canarias tiene peores indicadores de salud que la media del Estado, de eso no hay duda”, ha afirmado la investigadora como conclusión a su estudio sobre ‘Economía de la salud’ publicado el pasado diciembre. La también presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) considera que esta situación se debe tanto a “causas sanitariamente evitables” —como el empleo de la tecnología para atajar problemas de salud— como a las “condiciones de vida” que tienen que ver con la “desigualdad social, la pobreza o la educación”.
El origen del problema, para la catedrática, no está sólo en la falta de recursos materiales en la sanidad pública sino en la gestión de esos recursos: “El País Vasco, por ejemplo, aunque recibe un 50% más por su cupo de financiación y su gasto sanitario es por lo tanto mayor, lo está haciendo muy bien” porque tienen “estrategias de cronicidad, de integración asistencial y formas novedosas de organización” que están dando excelentes resultados porque estos dependen de cómo se organice el sistema.
Ante el temor generalizado de que se pierda el sistema sanitario público español en los próximos años, López-Valcárcel confía en que esta situación no se produzca “porque es el buque insignia de los logros que se han obtenido en este país” y todos los agentes implicados en él “deben poner el rumbo hacia su sostenibilidad”. Para ello, recomienda una gestión mejor que “sin duda, debe estar en manos de los profesionales sanitarios” porque son los que tienen que “consensuar los criterios de indicación y liderar los procesos clínicos” que actualmente están colapsando la sanidad pública. “Esto no lo puede hacer un político ni debe, porque no sirve para nada”, ha reiterado la investigadora, quien reclama recuperar el protagonismo del sanitario en la gestión clínica aunque “el proceso no lo tenga que liderar necesariamente un médico”, en referencia al nuevo consejero de la sanidad canaria, José Manuel Baltar, matemático de formación, en quien confía, “porque lo conozco personalmente”, para “avanzar en clave de salud pública”.
Sanidad pública, privada o concertada
En puridad, “los únicos ciudadanos que tenemos el privilegio de poder elegir entre sanidad pública y privada en España somos los dos millones de funcionarios”, ha dicho López-Valcárcel quien, a pesar de “echar piedras sobre mi tejado”, entiende que “este privilegio no debería existir”. La financiación pública, para la estudiosa, “debería estar garantizada para todos los ciudadanos porque es su derecho”, lo cual no obsta para preguntarse quién hace la provisión del servicio que, considera, “es una decisión de gestión, y de demostrar quién la hace mejor”. “Los profesionales y los pacientes tienen que trabajar por el sistema sanitario público”, subrayó, reconociendo que “este es el reto, dificilísimo, que tiene el actual consejero, bajo sospecha” por una parte de la población dada su procedencia en los últimos años del sector privado.
En cuanto al copago, puesto en el candelero mediático “porque la ministra de Sanidad metió la pata” al ponerlo de nuevo bajo los focos, en su opinión “debería ser reformado a fondo” porque, en primer lugar, su misión “no es recaudar” sino “evitar el uso excesivo debido a que no tienes que pagar por el tratamiento”; en segundo lugar, debería modificarse la distinción actual entre activos y pensionistas “porque es obsoleta”, fruto de los Pactos de la Moncloa, cuando “los pensionistas se resignaban a ser pobres y, a cambio de esto, se les atribuía la gratuidad de los medicamentos” mientras que a los activos se les ha llegado a atribuir progresivamente hasta el 40% sin límite, una cuantía insostenible para los salarios o prestación de desempleo de hoy en día en el caso de que un miembro de una familia enferme: “Me parece moralmente tremendo, pero los políticos son unos cobardes y no se han atrevido a meterle mano”.