Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias, defiende el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros por "una cuestión de derechos fundamentales".
Lorenzo aplaude el anuncio del cierre del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Fuerteventura y pide que se generalice al resto de los centros existentes en las islas por una cuestión de "derechos". Considera que esos centros son un instrumento excepcional que solo sirve para garantizar la devolución de los extranjeros a sus países de origen, pero "solo el 3% de los que llegaron el año pasado a Barranco Seco se devolvieron a sus países". Señala que los CIEs solo producen "exclusión social" y que existen "soluciones convencionales alternativas".
Se trataría de centros no dependientes del Ministerio del Interior sino de servicios sociales en que se sustancien las necesidades básicas del inmigrante y se le dé una formación muy básica "que sirva para reformular su proyecto migratorio". Considera que las islas, por las dificultades de tránsito, son lugares "ideales" para experimentar con estas soluciones. Insiste en que lo que deshumaniza a los CIEs no es sólo la dimensión arquitectónica, "sino también el que se produce una vulneración del derecho a la libertad, estableciendo un régimen cuasi penitenciario".
441 inmigrantes
Lorenzo considera que el caso del Aquarius fue un hecho "puntual" por un ejercicio de responsabilidad y no cree que produzca "efecto llamada". Estima que el incremento del número de inmigrantes que llegan a nuestras costas es una tendencia que ya venía desde el año pasado: "No es un efecto llamada, sino un efecto huída. La situaciones en los países de salida son de extrema gravedad y la gente prefiere aventurarse a un viaje arriesgado".
Apunta que, en lo que va de año han llegado a Canarias 441 inmigrantes en cayucos, por los 423 que llegaron el pasado año. Se trata, dice, de una cifra "manejable" que refleja un repunte importante en junio, con más de 300 personas, "pero hablar de avalancha es incorrecto y crea alarma". Valora que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, "quiera tener bajo control la situación por lo que pudiera venir, pero creemos que no se ha reabierto esa ruta". Señala que, durante 2017, 820 personas pidieron asilo en Canarias por persecución política, religiosa u orientación sexual. Esto refugiados, señala, no suelen venir en pateras.