El portavoz de CEAR Canarias, Txema Santana, explica que desde febrero se ha vedado la redistribución pese a la saturación de las Islas
Durante la vigencia del Estado de Alarma han llegado a Canarias más de 1.000 migrantes abordo de pateras y cayucos. Y desde mediados del pasado mes de febrero, antes de la declaración de la pandemia, “se ha vedado” la posibilidad de derivar a estas personas a los recursos de acogida, que son competencia estatal, en otros territorios del país.
“No hay espacio, no hay plazas disponibles en los dispositivos de acogida en Canarias”, relata Txema Santana desde el Muelle de Arguineguín donde se atiende a un grupo de 51 personas que llegaron ayer a la costa sureste de Gran Canaria. De su exposición se desprende que el Gobierno pretenda parar un posible “efecto llamada” si los inmigrantes que llegan a las Islas son desplazados a otros territorios.
Santana recuerda que existe una norma publicada en el BOE que establece que las personas que llegan desde el extranjero a España deben pasar una cuarentena de 14 días como medida de prevención frente al contagio de la COVID19, pero en el caso de la migración irregular, no existe protocolo ni sistema que garantice el cumplimiento de esa norma. De las más de 1000 personas llegadas a Canarias desde que se decretara el confinamiento, tres han dado positivo en las pruebas de detección del coronavirus.
Los centros de acogida en Canarias están saturados. Pese a tener que gestionar improvisando cada vez que una nueva patera toca la costa, Santana elogió el comportamiento de todas las personas que reciben a los migrantes a pie de playa: Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja. “Canarias está dando una lección de humanidad en plena pandemia”, resaltó antes de añadir que son ya 26 años de experiencia en las Islas en la gestión de estos flujos migratorios que no tienen en Canarias su destino, sino que su voluntad es seguir camino hacia territorio continental.
En opinión de Txema Santana hay que “aprender a gestionar las migraciones en estas nuevas circunstancias” y que el sistema aporte las garantías necesarias para que la acogida se desarrolle en condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos.